Comienza una semana crucial para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos tras la filtración de información privada del novio de Ayuso. Pues la ha comenzado mal, porque el juez del Supremo que le investiga ha rechazado este lunes posponer su declaración, prevista para el míercoles 29. García Ortiz, además, solicitó que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, tuviera que declarar antes que él, petición que el juez del Supremo también ha rechazado.

Además, conviene recordar que mañana martes 28, el Supremo decidirá si anula el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado, decisión que no afectará a la instrucción en curso. Decida lo que decida el martes el Supremo, García Ortiz deberá declarar el miércoles como imputado.

Asimismo, el Supremo ha desestimado la petición de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de posponer su declaración, prevista para este jueves. Rodríguez es la fiscal que propuso a García Ortiz "incorporar cianuro" a la nota de prensa remitida por la Fiscalía sobre el novio de Ayuso.

La indignación de jueces y fiscales es total. El pasado jueves 23 de enero, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, pidió a "los actores sociales respetar los tiempos y las razones de los jueces cuando actúan en el ejercicio de la función que tienen constitucionalmente encomendada”, recogía la nota de prensa del CGPJ.

Durante su intervención en el acto de entrega de despachos a los integrantes de la 73 promoción de la Carrera Judicial -en la que estaban presentes el ministro Félix Bolaños, que no hace más que atacar a los jueces, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz investigado por el Tribual Supremo-, Perelló recordaba que sin confianza en las instituciones -Corona, Parlamento, Gobierno y Jueces- “no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes”.

Y para terminar su bronca al actual Gobierno -no lo nombró, pero todos sabemos que se estaba refiriendo a los chicos de Pedro Sánchez-, sentenció: “Lamentablemente, vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados”."No son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial, pues de esta manera se erosiona el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática”.

Perelló recordaba que sin confianza en las instituciones -Corona, Parlamento, Gobierno y Jueces- “no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes

En esta misma línea, en una ponencia celebrada en las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, recogida por el medio Economist & Jurist, el juez emérito de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, advertía: «Si se quiebra la ley o se dificulta su aplicación, surge la desigualdad y la tiranía». «Los ataques a la independencia del Poder Judicial han pasado de ser externos a internos, de dentro del propio Estado. Han dejado de provenir desde el entorno de los delincuentes a desde dentro del Estado cuando es un obstáculo a determinados intereses políticos».

El juez García-Castellón, ya jubilado, pero que instruyó importantes causas por las que fue atacado, como Tsunami Democràtic (en el que se investigaba a Carles Puigdemont) o el Caso dina (en el que se investigaba a Pablo Iglesias), destacó que hay «falta de entusiasmo por la Fiscalía para defender la independencia judicial». «El panorama no es muy alentador».

También explicó que él ha sido «partidario de que la instrucción de las causas penales recayera en la Fiscalía, pero la situación actual, cuando la sombra de la sospecha se cierne sobre la actuación de los fiscales (...)», le ha hecho replantearse su postura.