Banco de España, Funcas y numerosos expertos ya han avisado del fracaso de la Ley de Vivienda. El Gobierno social-podemita ha conseguido una cosa muy curiosa: ha multiplicado el número de pobres condenados a vivir de arriendo y de carísimo arriendo. Lo que se ve como un nuevo fracaso de su política de vivienda: el precio de la vivienda se ha acelerado con el Sanchismo, ya sea para comprar o alquilar. 

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Y algo ya parece claro, es un problema de oferta: faltan viviendas. En este contexto, el PP ha avanzado en la Comisión de Vivienda que van a plantear su propia normativa con los siguientes ejes: "dar seguridad jurídica, disponibilidad del suelo, porque sin suelo no hay vivienda, pequeño detalle que hay que tener en cuenta, simplicación administrativa, porque la burocracia ahoga, reducción de fiscalidad y ayudas, con planes de avales para jóvenes". 

Y es que para los populares la principal conclusión, que es ya una "evidencia", es que el "mercado de vivienda está estrangulado, estrangulado con dos manos, una que sostiene el Partido Socialista y otra la sostiene Sumar".

El PP ha prestado especial atención al punto de la seguridad jurídica, uno de los asuntos clave en esta crisis de vivienda que asola el país: "¿Saben que el año pasado hubo 17.000 delitos relacionados con la okupación? ¿A esto se le puede llamar éxito de la Ley de Vivienda?

Los populares se reunieron la pasada semana con la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que asegura que el 70% de de los casos de ocupación en España, son hechos de inquiokupación, es decir, esos inquilinos que dejan de pagar la renta pero permanecen en la vivienda. 

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Así, y mientras la Ley de Vivienda del PP llega, han presentado tres iniciativas "relativas a solventar los problemas de la vivienda en España". 

Señala que el Ejecutivo, "a través de un Decreto-Ley aprobado en 2020, traslada la responsabilidad de protección social a los propietarios y carga la obligación pública del Gobierno con los vulnerables".

"Es decir, si un inquilino de un inmueble no paga su alquiler, si se declara vulnerable mediante el procedimiento establecido en este Decreto, es el propietario el que lo tiene que asumir y “no recibe el pago del alquiler ni puede recuperar su vivienda”, aseveran los populares. "A raíz de esta normativa se ha generado el fenómeno de la inquiokupación, personas que buscan ocupar una vivienda a través de un contrato de alquiler, que dejan de cumplirlo y se ven protegidos por esta normativa". 

El PP asegura que es el decreto que iba a ser temporal, ya lleva activo cuatro años, con los problemas que ello conlleva. 

Como ya hicieron en el Senado, gracias al apoyo de Vox, con la abstención de PNV y Junts y el rechazo del PSOE, los de Feijóo han sacado adelante una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno a defender a los propietarios, a cumplir con sus obligaciones de promover viviendas sociales y atender a las familas vulnerables, a dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos y a luchar contra la ocupación ilegal.

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