Hasta 18 sindicatos y asociaciones policiales, entre las que figuran Jupol (sindicato mayoritario en la Policía Nacional), Jucil (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil), Jusapol o el sindicato profesional de la Ertzaintza Si.P.E, se manifestarán el próximo miércoles 6 de noviembre, a las 13:00 horas, delante del Congreso de los Diputados, para oponerse a la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana (bautizada despectivamente por la ultraizquierda como 'ley mordaza). 

La convocatoria de la concentración la ha gestionado la Plataforma contra la Inseguridad Ciudadana, que invita también a los ciudadanos a "unirse a la concentración en la que policías y guardias civiles expresarán su disconformidad con la derogación prevista de la Ley de Seguridad Ciudadana y que comprometen la tranquilidad de las calles españolas en favor de los más violentos". Y ha añadido: "Los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades". 

Como se recordará, el pasado 3 de octubre, EH Bildu -la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA- llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez para derogar la citada norma, aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

La intención del Gobierno del PP en aquel entonces era proteger a los agentes del orden -policías y guardias civiles- de las humillaciones a los que les sometían los perroflautas de turno, finalmente no salió adelante en la pasada legislatura por desavenencias entre los partidos izquierdistas (en concreto, por el desacuerdo con la reforma de ERC y Bildu, cuyas enmiendas fueron rechazadas en el texto final). Es decir, que el objetivo principal de esa ley era tratar de mantener el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Por eso, EH Bildu -insistimos, la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA- tenía a esta ley entre ceja y ceja, precisamente por su odio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Y las cesiones que consiguió EH Bildu de Pedro Sánchez -después de que este asegurase repetidamente "con Bildu no vamos a pactar"- fueron, por un lado, la retirada de las pelotas de goma que se sustituirán, "progresivamente" por "otros (métodos) menos lesivos".

También consiguen los batasunos que el insulto o desobediencia a las autoridades quede libre de sanción si el acusado se retracta o disculpa. Además, la desobediencia pasará de infracción grave a leve, por lo que la multa máxima será de 600 euros y no de 30.000, como hasta ahora.

Y también han logrado los herederos de ETA de Sánchez su promesa -mucho confían en él- de acabar con las devoluciones de migrantes en caliente, que afectan principalmente a las fronteras de Ceuta y Melilla, mediante la reforma de la Ley de Extranjería que deberá estar hecha en un plazo de seis meses.

El rechazo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a este anuncio de reforma de la 'Ley de Seguridad Ciudadana' no se ha hecho esperar, dejando claro su descontento con el Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, que viene de lejos...

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Lo expresaba así, recientemente, este agente de la Policía Nacional, delante del ministro del Interior: “Nos quitan cada vez más autoridad para dársela al criminal. ¿Por qué no quieren acabar con el mal y sí destrozar al bien? Alguna vez esto debe cambiar”.

En cualquier caso, lo más grave de todo esto es que Pedro Sánchez pacte una reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, que afecta a policías y guardias civiles, con los herederos de Batasuna-ETA, que hasta hace no mucho eran sus propios verdugos. 

Pedro Sánchez no tiene límites éticos ni morales. Pero esto ya no es noticia...