El PP presentó una moción contra la okupación ayer en el Congreso, en concreto instaba al Gobierno a acabar de una vez con el decreto antidesahucios, una medida que puso en marcha en la pandemia y que ha seguido prorrogando. Como parte de su plan de Ley antiokupas, que ya recibió luz verde en el Senado y va camino de la Cámara Baja. 

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En un arranque de derechos sociales el Gobierno social-podemita aprobó el Real Decreto 11/2020, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19". Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional". Es decir, que si por ejemplo en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables.

Pero es complicado identificar si son falsos vulnerables dentro del plazo de 48 horas de desahucio, por lo que la situación que vemos una y otra vez es la siguiente: el juez ordena el desahucio, el inquiokupa alega vulnerabilidad, el juez inicia el plazo para que lo acredite, el inquiokupa no lo acredita, se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda, se marca nueva fecha, pero el inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los propietarios no reciben el dinero del alquiler y tienen que seguir pagando hipoteca, luz, gas, agua, comunidad y suministros. Sino, podrían ser acusados de acoso o coacción contra el okupa. 

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La diputada del PP Cristina Agüera ha acusado al Ejecutivo de “bloquear” en el Congreso la legislación antiokupación, mientras aprueba “una ley de vivienda permisiva” con estos supuestos: “Al okupa se le desaloja y al vulnerable se le protege, pero con ustedes el okupa está cada día más protegido”.

Para los populares, la prohibición de desahucios, supone "trasladar la responsabilidad de protección social a los propietarios particulares" y autorizar "supuestos de okupación de vivienda sin ningún título habilitante para ello, amparando así una actividad delictiva". 

Razón no les falta a los de Feijóo, sólo en el día de hoy en Hispanidad hemos recogido dos casos de okupación en el que queda patente la impunidad y la caradura con la que actúan y el Banco de España lo advirtió ayer mismo: "medidas de protección a los inquilinos", como el decreto antidesahucios, "pueden generar efectos no deseados".

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Pese a ello, sólo han votado a favor PP, UPN y Vox, mientras PSOE, Sumar y sus socios han votado en contra y Coalición Canaria se ha abstenido.