Si Ayuso no recula, Sánchez acudirá a Conde-Pumpido
El Gobierno de Sánchez ha activado un trámite para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de marcha atrás con su reforma de las leyes LGTBI y trans. El trámite lo ha puesto en marcha el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, y consiste en una fase de negociación de seis meses en la que el Gobierno intentará convencer al Ejecutivo de Ayuso para que modifique "aspectos concretos".
Los socialistas creen que las reformas "atentan principalmente contra los derechos de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans" y "vuelven a patologizar en la Comunidad de Madrid a las personas trans y hacerles pasar por exámenes, de los cuales ya están exentos y exentas por la ley nacional", por lo que esperan "solventar la discrepancias" para, y aquí viene la amenaza, "alcanzar un acuerdo que evite la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado".
"Desde el Grupo Socialista esperamos que Ayuso rectifique, para que el Gobierno no tenga que interponer ese recurso de inconstitucionalidad". Dicho en otras palabras, o Ayuso acata la ley de Irene Montero y elimina sus propias reformas o el Gobierno recurrirá al Constitucional de Conde-Pumpido, y ¿de quién depende el Constitucional?
Recordemos que el parlamento autonómico dio luz verde a las Reformas de las leyes Trans y LGTBI+. Más Madrid inmediatamente depués anunció que pediría al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que recurra ante el Tribunal Constitucional las "derogaciones encubiertas" de Ayuso.
No debemos olvidar que la presidenta se encontró con el apoyo de las madres de niños trans y de las feministas. Consideran que dicha modificación se basa en la "evidencia científica" y que "protege a los menores".
Asimismo, feministas clásicas, aglutinadas en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, aseguraron que la reforma "no vulnera ni elimina ningún derecho".
Pese a ello, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ya anunció en una entrevista que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba analizando las reformas por si "colisionan" con la normativa estatal. Si así fuera, su intención era "detener" la aplicación en la Comunidad de Madrid.
Martín aseguró tener una gran "preocupación" por los cambios de la normativa porque suponen un "retroceso de derechos por primera vez en nuestro presente democrático", si bien nunca aclaró qué derechos se han visto perjudicados.
