Antes de irse de vacaciones, Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha decidido seguir los pasos de su enamorado esposo y le ha plantado una querella criminal al juez Juan Carlos Peinado, quien ha osado imputarla. Pero es una querella distinta, porque don Pedro sólo era testigo mientras que doña Begoña es imputada. Eso sí, ambos parecen seguir la refinada técnica de los abogados de los etarras en la Audiencia Nacional durante los años de plomo: primero insultaban al juez y luego le recusaban por enemistad manifiesta. Los Sánchez Gómez directamente acusan a Peinado de prevaricar y, si se leen la querella adjunta, el abogado y ex ministro socialista Antonio Camacho ha puesto el foco -como dicen ahora en Moncloa- en la revelación de secretos. Y esto es bello e instructivo porque la única filtración de contenido verdaderamente relevante fue el informe de la UCO -Guardia Civil- que acabó publicado en el Diario El País y que, miren por dónde, ha sido utilizado por el Gobierno y por los medios gubernamentales como principal argumento para exigir que se archive la causa contra doña Begoña.

En cualquier caso, que un presidente del Gobierno y la presidenta del Gobierno, en defensa, naturalmente, de la separación de poderes -como dijo el miércoles Pedro Sánchez sin despeinarse-, se querellen contra el juez que se ha atrevido a abrir el sumario, resulta, cuando menos, curioso.

Begoña asegura que el Juez Peinado ha cometido revelación de secretos cuando la única filtración de contenido ha sido la del informe de la UCO al diario El País, favorable a... doña Begoña

En 46 años de democracia, ningún presidente se había atrevido a utilizar a la abogacía del Estado contra un magistrado. Es más, otro presidente, Mariano Rajoy, declaró en sede judicial, no en Presidencia del Gobierno... y contestó a las preguntas de sus abogados y de toda la acusación.  

Lo dicho: si Pedro y Begoña no albergaran temor alguno esperarían a que la Audiencia Provincial archivara el caso. Pero querellarse por prevaricación, ambos dos, el uno utilizando, además, a la abogacía del Estado para proteger "el prestigio de la institución presidencial", y su esposa al que fuera el ministro que se supone investigó los negocios del padre de Begoña Gómez, dedicado a las saunas gays para homosexuales, mientras era secretario de Estado de Interior con Rubalcaba, revela que el señor presidente del Gobierno de España está al borde de un ataque de nervios. A lo mejor no necesita eliminar el fango sino un buen psiquiatra porque la actitud del presidente sólo puede calificarse de una histeria provocada por la egolatría que le lleva a concluir que nadie, ni el poder judicial, puede juzgar su actos ni los de su señora. Ellos no son culpables, por supuesto, es que tampoco son acusables.

Y encima, Iberia no se come a Air Europa. 

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