Pedro Sánchez y 'su fiscal general', siempre a sus órdenes, Álvaro García Ortiz
Decíamos ayer que esta semana es crucial en el futuro del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos tras la presunta filtración de información privada de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El primer hito de su particular 'travesía del desierto' judicial se sustentaba hoy, con la deliberación por parte del Tribunal Supremo de un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como fiscal general del Estado el 27 de diciembre de 2023.
La APIF había cuestionado la "idoneidad" de García Ortiz para el cargo, basándose en sentencias del propio Supremo, como por ejemplo cuando este decretó que el fiscal general había caído en una desviación de poder al elevar a Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala y nombrarla fiscal togada de Sala de lo Militar (el Supremo anuló ambas cosas). La APIF también se basaba en el informe del Consejo General del Poder Judicial del 30 de noviembre de 2023, que le calificó "inidóneo" para el cargo.
Pues bien, ya tenemos decisión. La Sala Tercera del Tribunal Supremo -Sala de lo Contencioso Administrativo- ha decidido rechazar por unanimidad el recurso contra su nombramiento. Cabe señalar que aunque la decisión hubiera sido favorable a anular su nombramiento, la causa penal abierta contra él en el Supremo no hubiera decaído.
Tanto es así que García Ortiz tiene el miércoles 29 a las 10.00 de la mañana, una cita ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado (el que instruye su caso), que ayer se negó a posponer su declaración, algo que había solicitado el propio fiscal general del Estado.
Asimismo, Hurtado desestimó también ayer la petición de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de posponer su declaración, prevista para este jueves. Rodríguez es la fiscal que propuso a García Ortiz "incorporar cianuro" a la nota de prensa remitida por la Fiscalía sobre el novio de Ayuso. Y este será el tercer hito en la 'semana horribilis' de García Ortiz ante el Supremo.
Recordemos, porque es importante no perderse: es la primera vez en España que todo un fiscal general -encargado de perseguir los delitos- se sienta ante un juez acusado, precisamente, de haber cometido uno, y muy grave, según detalló ayer el juez Hurtado: "Las diligencias solicitadas no las considero necesarias, por cuanto que no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando éste circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador, con que se define el delito del art. 417 CP; tanta, que parece razonable deducir que ha sido tras la filtración de ese correo de 2 de febrero, con el reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto G.A. se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
