
La Sala de apelación de la Sala Segunda delTribunal Supremo ha respaldado la decisión del magistrado instructor, Pablo Llarena, de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, acusados de cometer un delito de malversación de caudales públicos en el marco del 'procés' independentista catalán de 2007.
Así, los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo han desestimado los recursos de apelación contra el auto de Llarena, recoge la nota de prensa del CGPJ.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo lo explica así: "La decisión del Instructor no contraviene la voluntad del legislador porque éste en el trámite parlamentario introdujo una modificación en la Ley y dispuso la inaplicación de la Amnistía al delito de malversación cuando se hubiere actuado con un 'propósito de beneficio personal de carácter patrimonial', lo que obliga al tribunal a interpretar esa excepción".
Los tres magistrados dan la razón a su compañero Llarena, al señalar que: "Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos. En este caso los investigados se beneficiaron patrimonialmente en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica, sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público".
Que es exactamente lo que hicieron los jetas de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig.
Ya tenemos una reacción por parte de uno de los protagonistas, el fugitivo de la justicia española, Carles Puigdemont: "La decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta, y que les lleva a retorcer la interpretación del supuesto delito de malversación".
La sentència del Tribunal Suprem de desestimar l'aplicació de la Llei d'Amnistia no és cap sorpresa, ni en el fons ni en la forma. La decisió confirma l'actitud de rebel·lia contra el poder legislatiu i la rebequeria davant d'una llei que no els agrada, i que els porta a retorçar… pic.twitter.com/AkKTXFssLg
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 10, 2025
Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este jueves al Tribunal Supremo de seguir "con su guión de persecución prevaricadora" contra su jefe 'Puchi': "La Toga Nostra sigue imperturbable con su guión de persecución prevaricadora contra Puigdemont y el independentismo en general. Pero no nos pararán en nuestro compromiso activo con la independencia de Cataluña y la denuncia de estos justicieros".
#LaTogaNostra segueix impertorbable amb el seu guió de persecució prevaricadora contra el MHP @KRLS i l’independentisme en general.
— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 10, 2025
Però no ens aturaran en el nostre compromís actiu amb la #independència de Catalunya i la denúncia d’aquests justiciers. pic.twitter.com/VSuUCXz8oO
Por cierto que, esta misma semana, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, aseguraba que la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de Amnistía está "muy avanzada”. “Tenemos que responder con una buena sentencia, estimar lo que se procedente y desestimar lo que no lo sea”.
Pero, desgraciadamente, ya sabemos lo que va a pasar: que el TC, dominado por los magistrados sanchistas -a cuya cabeza está Pumpido- avalarán la ley de amnistía porque le interesa a Pedro Sánchez tener contento al prófugo de la justicia española y porque es algo (la amnistía) que le prometió a cambio de sus votos para ser investido presidente del Gobierno. Es decir, que será una sentencia dictada puramente por intereses políticos… Pero a esto hemos llegado net España.
Otra cosa es que, si el TC finalmente avala la Amnistía también para el delito de malversación, el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo (TJUE), siguiendo el ejemplo de lo que van a hacer sus compañeros de la Audiencia de Sevilla (en su caso sobre, la decisión de don Cándido Conde Pumpido y amigos de anular de facto la condena por delitos como prevaricación o malversación de caudales públicos en el caso de los ERE de Andalucía, el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia española, que ocurrió bajo mandato socialista y por el que se desviaron ilegalmente 680 millones de euros destinados para los parados por parte de la Junta de Andalucía).