El Tribunal Constitucional celebra hoy un pleno en el que casi con toda seguridad admitirá a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de Amnistía a los delincuentes del 'procés', más en concreto, sobre el delito de desórdenes públicos. El Supremo opinaba que la citada ley atentaba contra derechos constitucionales como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica. 

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Una ley de amnistía que, como se sabe, no ha sido todavía aplicada al fugitivo de la justicia española, Carles Puigdemont, en lo que se refiere al delito de malversación por el que está procesado en rebeldía. Además, hoy mismo, el juez del Supremo Pablo Llarena, ha confirmado la no aplicación de la amnistía al delito de malversación para el propio Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig. 

Volviendo al Tribunal Constitucional, cabe recordar que el máximo órgano de garantías está sufriendo un aluvión de recursos de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía. Por algo será.

En concreto, han recurrido la ley el propio PP y las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón y Murcia (todas gobernadas por el PP); así como el Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE). Y también la han recurrido los parlamentos autonómicos de Aragón, Cantabria y Murcia. 

Por otra parte, algunas de esas comunidades -como la de Madrid, Valencia, Andalucía y Galicia-, además del PP, han presentado recusaciones contra los jueces del TC Cándido Conde-Pumpido (presidente), Juan Carlos Campo y Laura Díez, en todos los casos por su estrecha vinculación con el PSOE en el pasado. 

Aunque uno de ellos, Juan Carlos Campo, presentó recientemente su abstención al presidente Cándido Conde Pumpido por haberse pronunciado en contra de la amnistía en su etapa como ministro de Justicia de Pedro Sánchez, cuando firmó los indultos a los líderes políticos del "procés". 

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Así las cosas, tras la reciente incorporación del magistrado José María Macías (de sensibilidad conservadora), el TC queda compuesto por siete magistrados pro-sanchistas y cinco independientes.

Si la recusación (para abordar la ley de Amnistía) de tres de los pro-sanchistas prosperase, la sala quedaría compuesta en ese caso por 5 independientes y cuatro pro-sanchistas. Pero esto es muy raro que ocurra porque su señoría Conde-Pumpido no lo permitirá.

Lo que sí es más probable es que se admita la abstención del 'progresista' Juan Carlos Campo, en cuyo caso la configuración de la sala (para abordar la ley de Amnistía, insistimos) quedaría compuesta por seis jueces pro-sanchistas y cinco independientes. Y en este caso, todos sabemos lo que pasará: la ley de Amnistía aprobada por Pedro Sánchez para poder ser investido presidente del Gobierno -en contra de sus propias declaraciones 24 horas antes de las elecciones- será declara constitucional. 

Y esto, por mucho que Conde-Pumpido haya reclamado recientemente respeto por la independencia del alto tribunal. No se lo cree ni él, ni toda España. Sobre todo después de la vergonzosa sentencia que anulaba las condenas a los socialistas andaluces por el caso ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia española...