La Comisión Europea ha publicado su informe sobre el estado de derecho en España, en el que reconoce “avances significativos en la renovación prioritaria del Consejo del Poder Judicial e inicio, inmediatamente después de la renovación, de un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre Consejos del Poder Judicial”.

Lo ha presentado la Vicepresidente de Valores y Transparencia de la CE, Věra Jourová.

En el escrito, la CE anima a España a “finalizar la renovación del Consejo del Poder Judicial y hacer avanzar el proceso con vistas a adaptar el procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial”.

No obstante, la Comisión Europa señala que “la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial ha tenido un impacto negativo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema de justicia en su conjunto, y se espera que el acuerdo de 25 de junio de 2024, si se aplica plenamente, mejore la situación".

Por un lado, el Tribunal Supremo ha enviado a la Tribuna Constitucional la ley de Amnistía, Curioso, porque algunos incluso prevén que le Constitucional considerará la Ley de Amnistía de Sánchez como absolutamente constitucional, legal y maravillosa. 

Por otro, Bruselas explica que España ha hecho “algunos avances en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, pero no en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General del del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”.

La Comisión Europea  recomienda a España “continuar fortaleciendo el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General del del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”.

En su informe, Bruselas alude a la polémica ley de amnistía para los delincuentes del ‘procés’ de esta forma: “El 30 de mayo de 2024, el Congreso aprobó una ‘Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña’, que entró en vigor el 11 de junio de 2024. Esta ley establece una amnistía que se aplica a actos y hechos de carácter penal, administrativo o contable, responsabilidad, definida tanto en términos de las fechas de los hechos como de su conexión con acontecimientos en torno al ‘proceso independentista’ en Cataluña. La Ley de Amnistía fue objeto de una gran controversia en España, ligada a las circunstancias políticas en torno a su proceso de adopción y su contenido, incluidas manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas, así como una extensa correspondencia dirigida a la Comisión Europea. La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para recibir aclaraciones sobre la ley de amnistía, que está analizando. Un gran número de partes interesadas han compartido sus preocupaciones, incluido el impacto potencial del proyecto de ley en la lucha general contra la corrupción. A petición del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y del presidente del Senado español, el 15 de marzo de 2024 la Comisión de Venecia adoptó un dictamen sobre el proyecto de ley de amnistía que aborda una serie de cuestiones relacionadas con la norma. de derecho, tanto en términos de criterios generales aplicables a las amnistías como de su aplicación al presente caso. La Comisión de Venecia hizo una serie de recomendaciones para aclarar algunas disposiciones y evitar ambigüedades, en particular sobre el alcance de la amnistía. Establecía los requisitos para el respeto de la separación de poderes con respecto a las excepciones a las facultades procesales ordinarias de los tribunales, así como cómo evitar riesgos de que el trabajo de las comisiones parlamentarias pudiera afectar la independencia judicial. Al mismo tiempo, destacó el hecho de que la propuesta legislativa se adoptó mediante un procedimiento de urgencia, que sólo permitió una consulta limitada al público. La Comisión de Venecia subrayó la importancia de dar tiempo y espacio para la consulta sobre dicha legislación y los beneficios que se obtendrían al contar con el apoyo de la legislación por una mayoría mejorada en el Congreso”.

Así pues, Bruselas “está analizando” la ley de amnistía. Aunque, según publicaba hoy ABC, la Comisión Europea se abre a iniciar un procedimiento de infracción por vulneración del derecho comunitario. Y añadía que la valoración será «dura» y se centrará en observar la adecuación de esa ley al derecho comunitario, y en concreto contra el Estado de derecho (artículo 2 del Tratado de la UE).

Bruselas también ha recogido la preocupación en la judicatura española por los ataques que reciben los jueces, en el ejercicio de su labor, por parte de los poderes legislativo y ejecutivo. Y sobre esto se podrían poner muchos ejemplos, como los ataques que está recibiendo el juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', esposa del presidente del Gobierno. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia Félix Bolaños declaró que Gómez sufre una persecución "cruel", "terrible", "inhumana" en un proceso judicial "plagado de mentiras". ¡Olé tus narices!, Bolaños.