Álvaro García Ortiz, todavía fiscal general del Estado a pesar de estar imputado por el Tribunal Supremo, continúa haciendo de las suyas y este martes ha propuesto al fiscal del 9-N y del ‘caso Palau’, Emilio Sánchez Ulled, para la plaza de coordinador de delitos contra la administración pública, una plaza de nueva creación como parte del Plan de Acción por la Democracia, del Gobierno Sánchez.
El asunto tiene su miga porque una de las funciones que incluye esta plaza es la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos, precisamente el delito por el que el Tribunal Supremo le está investigando.
Por este motivo, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, instó el lunes a García Ortiz para que se abstuviera, pero sin ningún éxito, como se ha visto este martes. “No haga propuesta alguna de nombramiento para la plaza de fiscal de sala de delitos contra la administración pública, con el fin de que no comprometa más la imagen de la institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad”, afirma la carta remitida por la AF a García Ortiz.
El rechazo de la mayoría de fiscales se extiende, no obstante, a la propia creación de la plaza. De hecho, tanto los vocales de la AF como los de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) votaron en contra de su creación, en octubre, al considerar que era innecesaria ya que gran parte de sus competencias ya las asume la Fiscalía Anticorrupción.
