Se veía venir. El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó una exposición motivada al Tribunal Supremo para que investigase al aforado Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos por filtraciones de datos personales en el contexto de una investigación por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental por parte de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

Tal y como publicó Hispanidad en junio, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió entonces la responsabilidad de la nota de prensa que redactó y divulgó la Fiscalía con datos personales de Alberto González Amador. La excusa que puso entonces García Ortiz fue que "ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos -no solo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por fiscal- habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación". Y aseguraba que  investigarlo "causa un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia".

En septiembre de este año, el propio Alberto González Amador solicitaba al Tribunal Supremo que imputase al fiscal general del Estado por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.

Y hoy -martes 16- la noticia ha sido que, efectivamente, y por primera vez en democracia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular", dice el alto tribunal en su nota de prensa. 

El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.

La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.

En su auto, recoge que, "de la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid de un delito de revelación de secretos, como consecuencia de la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular”.

El tribunal precisa que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes, y que se detalla en la exposición razonada, al aforado, puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

Concluye que concurre el primer elemento del tipo penal, la existencia de autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de secretos o informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo, y que tienen carácter reservado. En consecuencia, el tribunal considera que “deben incoarse las oportunas diligencias de investigación, con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación indiciaria de los querellados en los mismos”.

Esta noticia es una bomba en la línea de flotación del Gobierno sanchista, pues García Ortiz fue nombrado por Pedro Sánchez -"¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso", para que trabajase a su favor. Y vaya si García Ortiz lo ha demostrado en numerosas ocasiones...

 

García Ortiz, por su parte, se ha apresurado a anunciar que continuará en el cargo a pesar de la imputación, por el bien de la Fiscalía, claro está. "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado", afirmó en un comunicado, esta misma mañana. La cuestión ahora es: ¿Le exigirá su dimisión Pedro Sánchez? A que no…

Por lo pronto, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en declaraciones a El Mundo, ya ha pedido la dimisión de García Ortiz para que no dañe más el crédito de la institución y porque sería un "contrasentido" que los fiscales sigan recibiendo órdenes de un fiscal imputado en una investigación penal. 

En la misma línea, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también ha exigido la dimisión de García Ortiz, ya que "ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). "En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito". "Ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público" y por tanto "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".