Decíamos en Hispanidad que la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha vuelto a encontrar con polémicas por su marido: recuerden que Díaz Ayuso llevó a la Fiscalía Europea los contratos del esposo de Calviño por posible tráfico de influencias con los fondos europeos. 

Y es que la pasada semana concíamos que el marido de la ministra, Ignacio Manrique de Lara, ha sido nombrado coordinador de estrategia comercial en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, y ¿de quién depende Patrimonio? en la actualidad lo preside Ana de la Cueva, quien fue secretaria de Estado de Economía de doña Nadia. 

Desde el organismo negaban cualquier tipo de trato de favor hacia Manrique de Lara: Calviño decía que se trataba "ataques personales" y que "Patrimonio Nacional ya ha dado información detallada y no tengo nada que añadir". Es decir, para Nadia es suficiente que su antigua subordinada diga por qué el marido de su ex jefa es el mejor candidato para un puesto. 

La polémica no quedaba ahí y según publicaba El Mundo, Patrimonio Nacional ocultó información sobre el concurso al resto de candidatos que competían con el marido de Calviño. Al parecer los otros candidatos consultaron al organismo ciertas dudas y solicitaron información sobre el puesto al que aspiraban para saber si su perfil se adecuaba a los criterios, pero Patrimonio no respondió a las dudas que los candidatos enviaron por email. 

Y ahora el mismo medio informa que Ana de la Cueva ocultó al consejo de administración de Patrimonio Nacional que uno de los candidatos era el marido de su exjefa, así se lo confirman a El Mundo fuentes próximas a la cúpula del organismo que afirman que el consejo no fue informado de que Manrique de Lara estaba optando a un puesto de dirección y que se le adjudicaría la plaza. 

Este dato cobra especial importancia porque el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN) es el que convoca la plaza de coordinador de marketing digital y porque el conjunto de los consejeros miembros son los máximos responsables sobre el personal según la Ley de 1982 Reguladora del organismo. 

Si bien aclaran que es habitual que el consejo delegue en la presidente convocatorias y contrataciones, el no ser informados de un hecho que pone en duda la reputación del ente público ha provocado el enfado y malestar en los consejeros.