“Tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial", el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, convocó un Comité Ejecutivo "extraordinario y de urgencia" para este lunes en el que "se abordaría la situación de España”.

Ante el comunicado los rumores de la convocatoria de una huelga general se disparaban, propuesta que la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) respaldaba, instando a la CEOE a tomar "las decisiones necesarias para defender los principios constitucionales", asegurando que apoyarían cualquier decisión que se tomara, incluso una huelga general, "si fuera necesario".

En este contexto, Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, ha sido preguntado en el programa Espejo Público sobre la noticia publicada en La Vanguardia, en la que el medio asegura Junts propone sancionar y negar ayudas a las empresas cosn sede diferente a su centro operativo, es decir, las empresas que decidieron irse de Cataluña. A este respecto Garrido ha asegurado que "No se puede penalizar por tomar decisiones dentro de su libertad de decidir dónde o cómo llevar a cabo su actividad". "Denota un ataque frontal a la libertad. Las empresas necesitan un entorno adecuado y deben tener confianza, seguridad jurídica, normas que no se estén modificando continuamente. Lo que habría que hacer es justo lo contrario. Si las empresas se fueron es por una falta de seguridad porque había un ambiente de enorme desconfianza. Mediante amenazas no sólo no van a volver las que se fueron sino que probablemente se seguirán marchando empresas", ha añadido. 

Ante el revuelo, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social en funciones, Joaquín Pérez Rey, advertía a la CEOE y le recomendaba que “sigan trabajando por el bien de su país, a que se aparten de las proclamas ideológicas y a que se dediquen a lo que saben hacer, que es negociar las mejores medidas para mejorar el mercado de trabajo”.

Y tras una larga reunión, Garamendi no se ha atrevido a convocar huelga general, por el contrario ha continuado con el discurso políticamente correcto del PP: "alertan, como han hecho jueces y otras instituciones, del grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica".

Desde la CEOE aseguran que los acuerdos adoptados "afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, piedra angular de la Constitución y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia".

Asegura la patronal que es su "responsabilidad" "advertir que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo", a lo que hay que añadir "una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y el bienestar de la sociedad española".

Ante todo esto, la CEOE concluye "la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica".