La fiscalía argentina pidió este lunes una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), recoge Swissinfo.

Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.

La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos, recuerda Swissinfo.

Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.

No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho", aseveró el fiscal

En total, la Fiscalía solicitó el decomiso de 1.000 millones de dólares, suma que consideró equivalente a la supuesta defraudación y que, de ser ratificada por los jueces, deberá pagarse de manera solidaria y proporcional entre los 13 acusados. Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años.

Según el fiscal Sergio Mola en esta causa "hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho", aseveró en su alegato final, recoge Swissinfo.

La causa abarca también la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), su esposo, fallecido en 2010.

Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio: "El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad", señaló el texto.

Tras conocerse la petición de condena frente a la casa de la vicepresidenta ha habido disturbios entre sus detractores y partidarios. Y entre estos últimos, también tiene unos cuantos en España, en concreto en Unidas Podemos. Su líder y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha referido en Twitter que "la guerra judicial y mediática contra gobiernos progresistas es una constante que siempre vamos a denunciar", después de que su antecesor al frente del partido morado, Pablo Iglesias, mostrara su solidaridad y compromiso con Cristina Fernández de Kirchner.