Empezamos nuestra crónica semanal en Chile, donde se nota el mando en plaza del progresista Gabriel Boric. La Conferencia Episcopal del país denunció una serie de disposiciones “inconstitucionales e ilegales” en el Reglamento N°22 del Ministerio de Salud, publicado en mayo de 2024, que modifica el Decreto Supremo N° 67 de 2018 que aprobaba el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

Los obispos se ven obligados a recordar que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental arraigado en la libertad de conciencia, y que está consagrado por la Constitución. Y es que en Chile, Boric ha copiado el modelo español y ha establecido las listas negras del personal sanitario: todo aquel que no quiera ir contra la vida, con abortos y eutanasias, tiene que apuntarse como objetor. 

Pero Boric es mucho más descarado porque directamente reconoce que se favorecerá a quien no objete y se penalizará al objetor: el escrito señala que en virtud de la modificación “los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal idóneo, suficiente y disponible para asegurar la atención médica de los y las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo y ejecutar la prestación. Para tales efectos, el establecimiento de salud podrá considerar como un factor positivo en la contratación de personal, el hecho de no ser objetor de conciencia, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo”.

Se añade que las listas de personal objetor de conciencia se tendrán a la vista para “favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de turnos”. 

Nos quedamos un poco más en Chile, inmersos en el mes y las celebraciones del Orgullo nos desplazamos a la capital, Santiago de Chile, para ver cómo han acabado allí muchas de las marchas. Lo denuncian desde el convento de San Francisco de Asís, monumento histórico desde 1951, la fachada de su iglesia ha sufrido el vandalismo. 

Los ‘pacíficos’ activistas han reclamado respeto a su colectivo mientras grafiteaban la fachada con frases como “muerte al cura violeta”, “+travestis -pakos”, “marika subversiva” y “sin Dios ni amo”, además de varios símbolos anarquistas.

Pero la injusticia no se queda ahí, Fray Miguel Ángel Correa, sacerdote superior del convento San Francisco, ha contado que “la Ley de Monumentos Nacionales va contra los propietarios y no contra los que provocan los daños”. 

Por lo que, además de sufrir el daño, han tenido que pagar los gastos: “Eso hay que revisarlo, porque así como hemos sufrido daños de grafitis, también hemos sido afectados por robos y vandalismo. La orden franciscana ha tenido que pagar todos los perjuicios”.

Y para finalizar viajamos a Nicaragua, donde la abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció que la “dictadura criminal” de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo sigue causando estragos. Ahora han impedido el ingreso al país del sacerdote Rodolfo French Naar, de la diócesis de Siuna, presbítero de origen miskito que había viajado a Estados Unidos para realizar algunas misiones.

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Al sacerdote, que trabajaba en la parroquia San Rafael Arcángel en la localidad de Waspán, no le dejaron coger el avión de vuelta a Nicaragua: “En migración (…) le orientaron que le notificaran a la línea aérea que no podía abordar”.

“Este sacerdote es muy amado en Nicaragua porque, como cuando azotaron los huracanes Eta e Iota hace algunos años, el P. French llevaba alimentos y ayuda humanitaria a los pobladores de comunidades rurales miskitas muy empobrecidas y atacadas por la dictadura. El Padre daba la vida por su comunidad”, explicó Molina a ACI Prensa.

La investigadora nicaragüense vive en el exilio y denuncia que lo ocurrido es “un atropello que se suma a los delitos de lesa humanidad que sigue cometiendo la dictadura en contra de la Iglesia católica, a pesar del silencio que le han impuesto a obispos y sacerdotes. Las cifras de religiosos/as exiliados han incrementado”.

Molina centró el tiro y alertó de esta y otras “situaciones caóticas en contra de la Iglesia” en Nicaragua, de las que no puede informar porque no tiene la autorización; y precisó que ha podido conocer los casos de otros 12 sacerdotes que han debido huir del país o que no han podido volver, a causa de la persecución de la dictadura de Ortega y Murillo.

Y anunció que el próximo 11 de julio acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en representación del Grupo Ecuménico de Nicaragua, para denunciar “públicamente todos estos atropellos que comete la dictadura”, donde ofrecerá cifras actualizadas de la Iglesia perseguida en el país.