Informa InfoCatólica: la United Spinal Association, Not Dead Yet, Institute for Patients' Rights, Communities Actively Living Independent and Free, Lonnie VanHook, e Ingrid Tischer han puesto en marcha una demanda en California para que se derogue la ley de suicidio asistido. Su objetivo es que el caso llegue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para anular las leyes de suicidio asistido en todo el país.

La eutanasia y el suicidio asistido son legales en los Estados Unidos en algunos estados: California, Colorado, Distrito de Columbia, Hawái, Montana, New Jersey, New Mexico, Oregón, Vermont, Washington y Maine.

Muchas de las asociaciones denunciantes están conformadas por ancianos y discapacitados, los principales perjudicados por este tipo de leyes. Con la eutanasia ocurre que se empieza permitiéndola sólo en casos excepcionales y por voluntad propia, pero se termina aplicándola sin restricciones, a cualquier persona e incluso en contra de su voluntad, y de manera especial a los más débiles y vulnerables: enfermos mentales, ancianos, discapacitados sobre todo intelectuales..., que no pueden defenderse ante la decisión de otros -el Estado, un médico, los jueces, los políticos, sus familiares- sobre sus vidas.

Se trata de un plano inclinado o pendiente deslizante muy difícil de parar que provoca que la vida no tenga ningún valor, especialmente la de los más débiles y vulnerables, y que sea a ellos a quienes se termine aplicando al eutanasia sin su consentimiento.

Estas asociaciones alegan que la ley de la eutanasia es discriminatoria porque crea un sistema médico de dos niveles en el que las personas con tendencias suicidas reciben respuestas de tratamiento diferentes por parte de los médicos en función de si el médico considera que tienen una "enfermedad terminal" o no. 

Consideran que la ley perjudica y discrimina directamente a las personas con discapacidad con el argumento de que la vida de esas personas no es tan digna de protección como la de otras. También afirman que la ley de suicidio asistido de California conduce a la muerte a personas vulnerables en lugar de proporcionarles cuidados y servicios de apoyo, protecciones otorgadas a otras personas bajo la ley de California, en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades («ADA») y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 («Sección 504»).

Estos protocolos de prevención del suicidio están diseñados para que la mera intención de suicidarse sea suficiente para que se active la atención de salud mental, independientemente de si se desea o no el tratamiento, por lo que el suicidio asistido priva a los demandantes y a sus miembros del acceso a estas intervenciones para preservar la vida debido a sus discapacidades, puesto que pueden ser diagnosticados por enfermedad terminal. 

Además, denuncian que el hecho de que la ley no exija dar a conocer alternativas al suicidio asistido, como los cuidados paliativos y otros servicios de apoyo personal que presta actualmente el Estado, viola la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.

Las asociaciones demandantes piden al tribunal que declare ilegal e inconstitucional la ley de suicidio asistido de California, decisión que podría expandirse por todo Estados Unidos.