Cuando el Tribunal Supremo de EE.UU. puso fin a la protección legal del aborto. En Hispanidad aseguramos que la batalla por la vida daba comienzo. Los demócratas con el 'muy católico' Biden a la cabeza han hecho del 'derecho' al aborto su bandera y pretenden burlar la sentencia del Tribunal Supremo por las vías legislativa, judicial… y violenta.

Tras este fallo, comenzó en Texas la batalla contra el aborto químico. La asociación provida Alliance Defending Freedom (ADF) demandó en noviembre a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) por haber autorizado el uso de la mifepristona y pidió una orden judicial inmediata para retirar el químico de la lista de medicamentos aprobados en EE.UU.

El uso de estas píldoras es el que provoca el denominado aborto farmacológico, consiste en tomar dos medicamentos en dos fechas distintas que, combinados, provocan la expulsión del contenido del útero. Primero se toma la Mifepristona, "fármaco que bloquea la producción de progesterona": bloquear su producción supone algo así como asfixiar al feto. Segundo se toma el Misoprostol, "que es el que provoca la expulsión de la gestación", este medicamento produce contracciones en el útero, es decir, se expulsa mediante un fuerte sangrado el bebé que previamente has asfixiado. Y claro, si se concluye que el medicamento es peligroso y no debe venderse, el aborto farmacológico se vería reducido drásticamente porque el segundo medicamento, el Misoprostol no es tan efectivo cuando se toma solo.

Desde la asociación defienden que la FDA se excedió en su autoridad al aprobar la Mifepristona mediante un proceso de revisión acelerado reservado para medicamentos para tratar "enfermedades graves o potencialmente mortales".

La decisión recayó en el juez federal de Texas, Matthew Kacsmaryk, nominado por el expresidente Trump, quien decidió retirar la autorización para comercializar la píldora abortiva mifepristona. El fallo no llegó a tener vigencia puesto que en el Gobierno el propio Joe Biden aseguró nada más conocerse el fallo que desde su Administración se recurriría la decisión de Kacsmaryk.

De ahí, el fallo pasó a la corte federal de apelaciones de Nueva Orleans que dictó que la píldora podía venderse pero con medidas más restrictivas. Así, para tener acceso a la misma se necesitan tres visitas al médico y se tiene que adquirir en las siete primeras semanas de embarazo, frente al plazo de diez semanas que se daba antes. Además, la Corte de Apelaciones consideró que la FDA incumplió la ley al permitir que el medicamento se pudiera recetar en consultas telemáticas y enviarse por correo.

Razón no le falta a sus señorías. Recordemos que con la toma de la píldora abortiva pueden darse peligrosas infecciones (sepsis) que suponen una emergencia médica que puede ser mortal y grandes pérdidas de sangre que requieren pasar por quirófano para salvar la vida de la mujer. De ahí, la restricción de semanas: a más días, el niño estará más formado y será mayor, por lo que costará más y resultará más peligroso expulsarlo en casa.  

El fallo también fue recurrido por la Administración Biden, por lo que la decisión definitiva pasa a estar en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, mismo tribunal que anuló Roe v. Wade. 

La Corte Suprema ha confirmado que se pronunciará sobre el asunto y que lo hará en julio. Así, su fallo coincidirá con la campaña de las elecciones presidenciales de 2024, como ocurrió con el fin de la protección del aborto quirúrgico en 2022.