Asalto al capitolio
Esta semana se han iniciado las audiencias públicas de la comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021. Una comisión que, según los demócratas y la progresía mediática, servirá para conocer “la verdad” de lo ocurrido aquel funesto día.
Normalmente, las comisiones de investigación sirven para analizar unos hechos y a partir de los mismos, alcanzar unas conclusiones. En este caso, los hechos ya vienen prefijados por la progresía mediática en un relato preestablecido, y su única finalidad es una cacería política, sin fin, contra el expresidente Trump.
Por tanto, resulta indiferente el resultado que alcance la Comisión, por cuanto ya sabemos de antemano cuál será el informe final, dado que la inefable presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se ha encargado de elegir una serie de miembros en el comité que garanticen el resultado pretendido.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión acusa a los manifestantes de causar siete muertos, cuando sólo uno falleció directamente en los hechos. Encima, era una partidaria de Trump desarmada, que fue disparada a bocajarro por un policía del Capitolio
Cierto corresponsal televisivo español habla de que los republicanos no han querido colaborar en la comisión. Algo bastante alejado de la realidad, ya que el líder republicano en el Congreso, Kevin McCarthy, designó una serie de congresistas para formar parte de la comisión, y lo que ha ocurrido es que Pelosi los ha vetado afirmando que “sería ridículo que congresistas favorables a Trump formaran parte de la Comisión”. McCarthy cargó contra Pelosi señalando que, por una parte, la elección de los integrantes de la comisión se ha realizado en base a que todos ellos comparten la misma narrativa preconcebida por la propia Pelosi, y ha continuado señalando que el veto a los nominados republicanos hace que la investigación no pueda ser seria. Concluyendo, muy acertadamente, que el único propósito de esta comisión es satisfacer los objetivos políticos de Pelosi.
La postura de Pelosi supone la censura de la práctica totalidad de los republicanos, dado que la inmensa mayoría de los congresistas republicanos son trumpistas, al igual que lo son las bases del partido. De hecho, en el segundo impeachment a Trump que, precisamente era por los hechos ocurridos en el Capitolio, 197 congresistas republicanos votaron en contra y solo 10 a favor, resultando nuevamente declarado inocente el expresidente Trump. Pues bien, Pelosi ha vetado a todos los republicanos designados por el líder republicano en el Congreso, y sólo ha admitido a dos republicanos: Adam Kinzinger y Liz Cheney, “casualmente” de esa minoría de 10 congresistas que votaron en contra de Trump. Además, en el caso de Cheney, recordemos que recientemente fue destituida como número tres de los republicanos en la Cámara Baja precisamente por sus posiciones radicales contra el expresidente Trump. Sus propios compatriotas la relevaron con el aplauso de las bases republicanas.
Pero el descaro de los demócratas no queda ahí. Es tan clara la pantomima que supone esta comisión, que han designado como presidente de la investigación al congresista demócrata afroamericano, Bennie Thompson. Un abanderado del movimiento marxista Black Lives Matter (BLM) y del movimiento Defund the Police, que busca retirar la financiación de la policía. No obstante, en este caso y a pesar de sus posturas antisistema, ha aplaudido la labor desarrollada por la policía del Capitolio durante el asalto el Congreso y ha señalado que “siete personas perdieron la vida durante el asalto”. Tal y como emitía su discurso, el congresista parecía señalar que esas siete personas fallecieron asesinadas por los manifestantes contrarios al fraude electoral. Algo bastante alejado de la realidad, dado que, como recuerda el diario Washington Examiner, de esa lista, dos de los fallecidos fueron agentes que se suicidaron días después, otro agente falleció de un ictus también días después, dos manifestantes que fallecieron de ataque al corazón, un fallecido por sobredosis de droga y solo hubo una persona que falleciera directamente en el momento de los hechos. Y, curiosamente, ese único fallecido fue precisamente una manifestante, Ashli Babbitt, veterana del ejército del aire de 35 años y partidaria del expresidente Trump, que se encontraba desarmada y fue disparada a bocajarro en el cuello por un agente de policía del Capitolio. Les advertimos de la dureza de las imágenes.
El departamento de Justicia de Biden no presentará cargos contra el agente que ejecutó a la manifestante, a pesar de ser un caso flagrante de violencia policial
Curiosamente, el Departamento de Justicia de EEUU de la Administración Biden no solo ha señalado que no presentará cargos contra el agente que ejecutó a Babbitt, a pesar de ser un caso flagrante de violencia policial sino que, además, se ha negado a revelar su nombre. Imagínense si tras la muerte de George Floyd, las autoridades se hubieran negado a investigar lo ocurrido y a identificar al agente que perpetró los hechos. Faltaría tiempo para que los civilizados muchachos de BLM y Antifa hubieran prendido fuego a las calles y quemado el Capitolio. Aunque seguramente en ese caso, no sería un asalto, sino una protesta por la libertad, en el relato de la progresía mediática.
Sobre ello, Jim Jordan, uno de los congresistas republicanos excluidos de la comisión, ha cuestionado por qué el día 6 de enero, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, había ordenado a la policía del Capitolio que no custodiara los alrededores del capitolio, lo que constituye una de las grandes sombras de los hechos acaecidos. Jordan ha continuado señalando que, no obstante, todo lo ocurrido tiene su origen en el verano de 2020, cuando “los demócratas normalizaron la anarquía, la violencia política y los asaltos”.
La Comisión Pelosi deja claro su propósito: continuar el linchamiento del expresidente Trump.
