La cosa empezó cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo relativa al caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, en la que la máxima instancia judicial de Estados Unidos eliminó el precedente jurisprudencial de Roe contra Wade. Así, ponía fin a la protección legal del aborto en Estados Unidos, que ha imperado durante casi cinco décadas. A partir de ahora, cualquier Estado puede prohibir el aborto de manera integral si así lo desea, al igual que sería posible la aprobación de una ley federal que permitiera su derogación a nivel nacional. Pues bien, los demócratas, con el presidente Joe Biden a la cabeza, han acentuado su ataque contra el Estado de Derecho, cuestionando a la propia Corte Suprema, algo nunca visto.

En el plano callejero, el presidente Biden ha guardado silencio ante el ataque indiscriminado de los violentos grupos abortistas contra centros provida, iglesias y contra los propios magistrados del Tribunal Supremo del bloque conservador, a los que han acosado en sus domicilios, llegando a amenazarles de muerte y, en el caso del magistrado Brett Kavanaugh, un hombre fue detenido por intentar asesinarle.

Y no solo eso, algunos legisladores del partido de Biden han llegado a jalear a los violentos grupos abortistas. Es el caso de la congresista demócrata por California, Maxine Waters, que ha llamado a la insurrección contra el Tribunal Supremo con el siguiente tenor: “Al infierno con el Tribunal Supremo, les desafiaremos”.

Del mismo modo, reconocidos líderes demócratas han atacado a los propios magistrados del Tribunal Supremo. Es el caso de la exsecretaria de Estado, ex primera dama y candidata presidencial demócrata en 2016, Hillary Clinton, quien, en una entrevista en televisión, ha insultado a Clarence Thomas, afroamericano y magistrado más veterano del Tribunal Supremo, donde sirve desde 1991, a quien ha dedicado la siguiente perla: “Clarence Thomas siempre ha sido una persona de resentimiento, ira y agravio”. 

 

Mientras tanto, el presidente Biden sigue poniendo en jaque la independencia judicial y ha vuelto a cuestionar al Tribunal Supremo. Si semanas atrás atacó a los miembros conservadores del Tribunal calificándolos como radicales de Donald Trump, tras la confirmación del fallo sobre el aborto, ha redoblado su desafío, afirmando que la sentencia es “desestabilizadora” y llamando a convertir Roe contra Wade en ley federal, para burlar el pronunciamiento del Alto Tribunal que pone fin a la protección legal del aborto en EEUU.

Así, Biden ha activado la vía legislativa para contrarrestar el fallo del Supremo. La caradura de Biden no tiene límites dado que ha afirmado: “Tenemos que codificar Roe contra Wade y convertirlo en ley. Si el filibusterismo se interpone en el camino, debemos proporcionar una excepción al filibusterismo para lidiar con la decisión de la Corte Suprema”. Así, Biden defiende eliminar de forma excepcional la mayoría reforzada del Senado para convertir el aborto en ley. Sin embargo, Biden miente dado que no es la primera vez que busca eliminar la mayoría reforzada parlamentaria para sacar adelante sus proyectos.

Lo mismo ocurrió cuando, como contó Hispanidad, para tratar de aprobar la reforma de la ley electoral para favorecer a su partido, dado que Biden no contaba con los votos suficientes en el Senado para aprobar su normativa, por cuanto existe empate a cincuenta senadores entre demócratas y republicanos en la Cámara Alta, y los progresistas únicamente ostentan la mayoría por el voto de calidad de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris en su condición de presidenta del Senado, el progresista inquilino del Despacho Oval trató de alterar las reglas de la Cámara Alta y aplicar la denominada “opción nuclear” o eliminación del “filibusterismo”, una garantía democrática que exige una mayoría reforzada de 60 votos para la adopción de la legislación más relevante. El presidente intentó deshacerse de dicha medida para poder aprobar su fraudulenta reforma electoral con apenas 51 votos. Dicha aberración legal no salió adelante, porque a los 50 senadores republicanos se unieron dos senadores demócratas, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, que se negaron a apoyar tal fraude. Sobra decir que estos dos legisladores demócratas fueron vilipendiados por su propio partido. El progresismo es muy tolerante siempre y cuando se impone su voluntad, pero no acepta disidentes.

Los planes legislativos de Biden para burlar el fallo del Supremo han sido concretados por la senadora demócrata por Massachusetts y candidata en las primarias presidenciales demócratas de 2020, Elizabeth Warren, quien ha afirmado en relación con las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre, donde se renueva la totalidad del Congreso y un tercio del Senado: “Si los demócratas ganamos dos escaños en el Senado en noviembre, podemos cambiar las reglas del filibusterismo para convertir Roe contra Wade en ley federal”.

Y de postre, el presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva dirigida al Departamento de Salud de su Gobierno encomendando: expandir el acceso a píldoras abortivas, reforzar las previsiones en materia de control de natalidad de la reforma sanitaria de Obama y facilitar la asistencia jurídica a toda persona que ayude a realizar un aborto en los Estados en que no esté permitido

Y los demócratas no solo centran su ataque al Estado de Derecho en el plano legislativo y callejero, sino también en el judicial. Fiscales vinculados al Partido Demócrata han anunciado que pondrán obstáculos a la aplicación de las leyes estatales que limitan o prohíben el aborto después de la sentencia del Tribunal Supremo. Así, se ha emitido una declaración, entre otros, por los Fiscales Generales demócratas de Estados como Colorado, Minnesota, Massachusetts, Delaware o Michigan, así como por fiscales de distrito, donde señalan que no promoverán acciones contra aquellos que violen las leyes contrarias al aborto. Como informa el diario The Washington Times, al menos veinte de los firmantes de la declaración, han recibido donaciones en sus campañas del magnate y gran financiador del progresismo a nivel mundial, George Soros.

Y de postre, el presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva dirigida al Departamento de Salud de su Gobierno encomendando: expandir el acceso a píldoras abortivas, reforzar las previsiones en materia de control de natalidad de la reforma sanitaria de Obama y facilitar la asistencia jurídica a toda persona que ayude a realizar un aborto en los Estados en que no esté permitido. Más que una orden con alcance real, es una campaña de lavado de imagen de Biden, que está utilizando para mejorar su baja popularidad y para satisfacer a su electorado más radical. 

Biden y los demócratas redoblan su ataque contra el Estado de Derecho en todos los frentes.