El movimiento Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”) nació en el año 2013, con el propósito de reivindicar y proteger a los ciudadanos de raza negra, con la inspiración en el Movimiento Afroamericano de los Derechos Civiles. Sus fundadoras fueron las activistas Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi. En Hispanidad, Ignacio Aguirre ya recorrió la historia del movimiento, donde quedaba claro que el objetivo de BLM quedaba muy lejos de la preocupación por las vidas negras y la lucha contra el racismo: el propósito del movimiento es acabar con la civilización occidental y el cristianismo. ¿El medio? “Hacer arder este sistema si este país no nos da lo que queremos”. Y no lo decimos nosotros, sino que son declaraciones en televisión del líder de Black Lives Matter en Nueva York, Hawk Newsome.

Black Lives Matter lo está consiguiendo y desde dentro del Gobierno estadounidense, no son pocos los líderes demócratas que les rinden pleitesía. Es más el propio presidente Joe Biden agachó la cabeza y aseguró que hay "racismo sistémico" en el país, por lo que ha firmado una orden ejecutiva para adoptar un enfoque en toda su administración para fomentar "la igualdad" y compensar la desventaja que sufren los negocios "propiedad de personas de raza negra y de otro color", tras reconocer "el enorme costo humano del racismo sistémico".

El plan avanza, y San Francisco va camino de convertirse en la primera ciudad que indemnice a personas negras, con un controvertido proyecto que incluye el pago de 5 millones de dólares a cada persona de color que cumpla los requisitos, además de plantean subsidios para la compra y mantenimiento de viviendas, así como exenciones impositivas para negocios propiedad de personas de la comunidad afroamericana. La población negra de San Francisco es de unos 50.000 habitantes, pero no está claro cuántos cumplirían los requisitos.

Y esto empieza en San Francisco, una ciudad donde no paran de aumentar los homicidios, las violaciones y agresiones sexuales, robos y asaltos, lo que le costó el puesto a su Fiscal de Distrito, Chesa Boudin, partidario de eliminar la financiación de la policía

Los supervisores de la Junta de Supervisores pueden aprobar o modificar las medidas que ha presentado la Comisión Asesora Afroestadounidense sobre Indemnizaciones. Si bien algunos miembros de la Junta ya han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en el presupuesto municipal, que ya enfrenta un déficit.

No se conocen aún los requisitos necesarios para acceder a este tipo de ayudas pero sí se ha conocido que el objetivo es reparar a los descendientes de esclavizados o de encarcelados durante la guerra contra la droga.

Los detractores de las medidas aseguran que no tiene sentido pagar indemnizaciones en una ciudad y un estado donde jamás se esclavizaron a los negros. Los adversarios de las indemnizaciones dicen que contribuyentes que no fueron dueños de esclavos no deberían pagar a personas que no estaban esclavizadas.

En este sentido el presidente del Partido Republicano de San Francisco, John Dennis, dijo: "Esta conversación que estamos teniendo en San Francisco es completamente poco seria... Parece ridículo, y también parece que ésta es la única ciudad en la que podría aprobarse".

Eric McDonnell, presidente de la Comisión Asesora Afroestadounidense sobre Indemnizaciones, dijo que se siente decepcionado por este tipo de opiniones: “Todavía existe una visión de que, francamente, la gente negra no merece esto”. “La cifra misma, de 5 millones de dólares, en realidad es baja si se tienen en cuenta los daños causados”. 

El interés y la preocupación de los progresistas demócratas por la historia y los derechos de los afroestadounidenses, no se crean, es reciente. Los demócratas sureños de Estados Unidos eran los principales defensores del segregacionismo en el siglo XX y la esclavitud en el siglo XIX y el supremacismo blanco, frente a los republicanos que eran los impulsores de la igualdad para los africanos. 

Y esto empieza en San Francisco, una ciudad donde no paran de aumentar los homicidios, las violaciones y agresiones sexuales, robos y asaltos, lo que le costó el puesto a su Fiscal de Distrito, Chesa Boudin, partidario de eliminar la financiación de la policía.