En EEUU, los senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, han presentado un proyecto de ley en el Senado estadounidense para aumentar la recompensa a toda aquella persona que proporcione información para detener al dictador venezolano Nicolás Maduro, desde los actuales 15 millones de dólares hasta los cien millones.

En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al tirano de tráfico de drogas, por lo que había ofrecido esa recompensa de 15 millones de dólares por información que ayudase a arrestarlo. 

Para ello, EEUU utilizará dinero no de los impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses sino de las confiscaciones de activos a Maduro realizadas por el país norteamericano. Por ejemplo, a principios del mes de septiembre, funcionarios estadounidenses confiscaron una aeronave -valorada en 13 millones de dólares- empleada asiduamente por el dictador chavista que había sido retenido en la República Dominicana, informa El Nuevo Herald. 

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Como contamos ayer, el Parlamento europeo reconoció el jueves a Edmundo González, exiliado en España, como "presidente legítimo de Venezuela" (tras ganar las eleciones del pasado 28 de julio y haber mostrado las actas) y a la opositora María Corina Machado "como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela".

Pues bien: en el seno del mismo Parlamento Europeo, el grupo del Partido Popular Europeo y el de los Conservadores y Reformistas (el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni) han propuesto a ambos, González y Corina Machado, como candidatos a recibir el Premio Sajarov, que otorga el Parlamento europeo para homenajear a personas y organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades.

A todo esto, en España, el PP acusó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez de complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro, pues en la embajada española en Caracas se coaccionó a Edmundo González -como él mismo narró- para firmar un documento en el que reconociese la supuesta victoria del dictador.

Ante estas palabras, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha exigido al Partido Popular que se disculpe por las "injurias y calumnias". Y ha pedido a Edmundo González que dé los detalles del encuentro en la embajada española. 

Tras las acusaciones del PP al Gobierno español de complicidad con la dictadura chavista, Edmundo González emitió ayer un comunicado en el que aseguró: “No he sido coaccionado por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí”.

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Pese a todo ello, hoy el PP sigue pidiendo la dimisión del ministro porque el “embajador ha sido testigo de coacciones y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido”. “El Gobierno de España debería liderar un frente internacional para facilitar el cambio político en Venezuela y deponer al dictador que perdió las elecciones. Sin embargo, España está frenando esa posibilidad”, añaden desde Génova. 

En cualquier caso, el papelón del Gobierno sanchista en este asunto está siendo indescriptible. Porque después de proclamar a los cuatro vientos que España se unirá a Europa en el asunto de Venezuela, y después de que Europa -el Parlamento europeo- haya reconocido a Edmundo González como presidente legítimo, el Ejecutivo español todavía no lo ha hecho. Entonces, ¿otra vez nos ha mentido Pedro Sánchez? ¿A qué espera para reconocerle como presidente legítimo? 

Lo que hace sospechar: ¿Hay algún tipo de interés opaco en las relaciones del Gobierno Sánchez con la dictadura chavista, Rodríguez Zapatero mediante?