Hispanidad publica todas las semanas esta sección en la que nos centramos en la región de Hispanoamérica, tratando de destacar noticias que recojan -tengan relación y, sobre todo, defiendan- el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con la familia natural (la formada por hombre y mujer), el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos de acuerdo con sus convicciones y creencias y, por último, noticias que defiendan el bien común en todas sus formas (es decir, los principios no negociables para una acción política basada en el humanismo cristiano, establecidos por el Papa Benedicto XVI).

Esta semana comenzamos esta crónica semanal de Hispanoamérica en México, para defender el principio no negociable del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

En ese país, desde la llegada del partido ultraizquierdista Morena (el de la presidenta, Claudia Sheinbaum y el expresidente, Andrés Manuel López Obrador) al poder, se ha producido un impulso de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación que ha derivado en su aprobación en 19 estados. Pero ahora, otra representante de este mismo partido gobernante Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), de nombre Anaís Burgos Hernández, ha señalado que esa -la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación- será la prioridad para esta legislatura en todo el país y que no solo hay que eliminar el castigo penal, sino también garantizar políticas públicas que respalden a las mujeres que quieran abortar.

El aborto atenta contra la ley natural porque todo el mundo puede saber con su sola razón que matar a un niño en el vientre de su madre es un asesinato. Y la ley natural, inserta en la conciencia de cada hombre, pide que ese niño siga viviendo.  

Nos vamos a Nicaragua, donde los nicaragüenses vienen padeciendo la dictadura de Daniel Ortega desde que este se hiciese con el poder, en enero de 2007 (aunque anteriormente presidió un mandato presidencial entre 1985 y 1990).

El sandinista, lejos de apaciguarse con los años, se ha vuelto cada vez más dictador. Y ha endurecido la represión, sobre todo tras las protestas ciudadanas de 2018. Y una de las instituciones que persigue con más saña es la iglesia católica, pues ésta fue una de las que más alzó voz contra esa represión y Ortega sabe perfectamente que predica libertad y dignidad humanas, ambas pisoteadas por él.

Por eso, sigue tomando medidas contra instituciones cristianas: la última, la disolución de la Fundación de Monjas Dominicas de Nicaragua, además de otras 15 organizaciones sin fines de lucro entre las que se encuentran la Fundación Misionera Cristiana Ebenezer y la Asociación Iglesia Bautista Fundamental de Matagalpa.

Volvemos a México, en esta crónica semanal de Hispanoamérica, en esta ocasión para destacar la iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que ha instado a todos los obispos del país a unirse al programa federal de desarme voluntario.

Este programa consiste en que los ciudadanos están invitados a dejar sus armas en las iglesias, a cambio de una compensación económica. Por ello, en esta iniciativa colabora también el Gobierno mexicano, cuya presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que el objetivo es facilitar que puedan “entregar su arma de [manera] voluntaria y se le da recursos económicos, a partir del arma que está entregando, sin ninguna investigación previa; lo que queremos es desarmar”.

El Episcopado mexicano instó a valorar la propuesta de las autoridades, dirigida a “cada uno de ustedes, hermanos obispos, que desde sus Iglesias locales guían al Pueblo de Dios”.

No sabemos la eficacia que tendrá esta medida. Lo que sí sabemos es que las políticas contra la delincuencia organizada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum han sido un auténtico desastre.