En México, el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial impulsada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, con 86 votos a favor -del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM)-, 41 en contra -partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)- y cero abstenciones.

Tras la tramitación en el Senado, ahora comenzará un debate de cada uno de los 60 artículos. Además, la reforma deberá ser aprobada por, al menos, 17 organismos locales. 

Entre otras cosas, la reforma establece la elección popular de todos los jueces y magistrados -unos 6.500-, incluidos los de la Suprema Corte, por voto directo de los ciudadanos. Requiere un cambio constitucional. La nueva norma también disminuiría el número de miembros del Tribunal Supremo de 11 a nueve, fijaría su mandato en doce años, y reduciría a la mitad la experiencia laboral requerida para ocupar puestos ministeriales.

Durante la sesión en el Senado, se desarrollaron manifestaciones que llegaron a invadir el hemiciclo, contra la propuesta de López Obrador, al grito de "traidores", “¡el poder judicial no va a caer, no va a caer!” y “¡ni un paso atrás!”. También se ha producido una huelga de los trabajadores judiciales. 

Tanto López Obrador como su sucesora, Claudia Sheinbaum -que todavía no ha tomado posesión, lo hará el próximo 1 de octubre- enfatizan que su objetivo es combatir la corrupción.