Hispanidad publica todas las semanas esta sección en la que nos centramos en la región de Hispanoamérica, tratando de destacar noticias que recojan -tengan relación y, sobre todo, defiendan- el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con la familia natural (la formada por hombre y mujer), el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos de acuerdo con sus convicciones y creencias y, por último, noticias que defiendan el bien común en todas sus formas (es decir, los principios no negociables para una acción política basada en el humanismo cristiano, establecidos por el Papa Benedicto XVI).

Esta semana empezamos en México, para defender el derecho a la vida. En ese país, la nueva presidenta, la ultraizquerdista Claudia Sheinbaum, está superando los récords de ineficacia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (cuyo Gobierno registró 199.621 homicidios, el nivel más alto en la historia moderna del país), en su lucha contra la violencia y la delincuencia organizada.

Y es precisamente lo que denunció recientemente el cardenal Felipe Arizmendi, Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas, quien, en Aciprensa, aseguró que “hay hechos que confirman que en México gobierna el crimen organizado”.

De esta manera, Arizmendi daba la razón al nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, quien así lo sugirió. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del mandatario, insistiendo en que "en México, gobierna el pueblo”. Pero no se lo cree ni ella misma.

El purpurado aseguró disponer de “datos de primera mano” que confirman que las narcobandas "imponen el precio de casi todo, desde la tortilla y el huevo, hasta los materiales de construcción. Esto encarece todo, y no hay quien lo pueda evitar y controlar".

Nos vamos a Colombia, país que está sufriendo un brote de violencia como consecuencia de los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, concretamente en la zona del Catatumbo (norte).

Como consecuencia del conflicto han fallecido en torno a un centenar de personas y otras 11.000 han tenido que huir de esa región. El presidente colombiano Gustavo Petro decretó el estado de ‘conmoción interior’ y ‘emergencia económica’ para tratar de controlar la situación.

Los obispos colombianos han emitido un comunicado en el que denuncian “el sufrimiento de niños, mujeres y personas en estado de indefensión, desgarrando el tejido social y humano, y abriendo nuevas heridas a la nación”.

Por ello, pidieron “a los actores armados cesar inmediatamente las hostilidades y respetar el derecho internacional humanitario, garantizando la protección de las comunidades y el respeto por la vida humana”.

También instaron a las autoridades “a retomar el diálogo con determinación y a dar continuidad a la implementación de los acuerdos de paz”. “En medio del dolor y la incertidumbre, afirmamos que la paz es posible”, concluyeron. E invitaron a los colombianos a unirse a la jornada de oración que tendrá lugar en todas las iglesias el domingo 26 de enero.