Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica --en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia y la libertad-- en México, para defender la ley natural frente a la ideología de género. 

Recordemos: la ideología de género, promovida por diversos países y organismos internacionales en la legislación y en la educación de niños y jóvenes, es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica sino una construcción sociocultural. Es decir, que cada uno puede elegir su sexo con independencia de su biología. Es una de las obsesiones del Nuevo Orden Mundial (NOM) y busca implantarla en todo el mundo.

Pues bien: en Ciudad de México, la diputada América Rangel, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa legislativa que busca prohibir las cirugías y tratamientos hormonales para el cambio de sexo en menores de edad, recoge Aciprensa. 

Rangel resaltó que “el Estado debe proteger a los menores de edad”, pues ellos “aún no tienen la madurez intelectual necesaria para entender a cabalidad las implicaciones de esas decisiones”. Denunció que “los activistas de la ideología de género lograron que la sociedad viera con normalidad que menores de edad se sometieran a tratamientos hormonales y cirugías para cambiar el sexo o reasignar el género”.

En el texto propuesto, se lee: “Se considerará injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, cualquier intento de condicionamiento, condicionamiento, presión u obligación por parte de un adulto, para la determinación de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes contrario a su identidad biológica”.

Además, la propuesta legislativa indica que “se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, el ejercer sobre ellos cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar que busque realizar una conversión de su identidad sexual”.

De ser aprobada la propuesta, quienes realicen tratamientos y cirugías de cambio de sexo a niños podrían ser sentenciados a prisión por un periodo de entre dos y siete años.

La Marcha por la Vida exigirá la derogación del aborto, que el aborto en nuestro país y para nuestra ciudadanía y nuestras mujeres sea impensable

Seguimos en México, para defender el principio no negociable del derecho a la vida de los no nacidos. La plataforma Pasos por la Vida reveló el lema de la 12ª edición de la Marcha por la Vida, que se realizará este 29 de abril en Ciudad de México, será: ‘¡México, date cuenta!’.

Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida, organización que convoca la marcha, indicó a ACI Prensa que este año el multitudinario evento nuevamente saldrá a las calles de la capital mexicana “a exigir la derogación del aborto, a buscar que el aborto en nuestro país y para nuestra ciudadanía y nuestras mujeres sea impensable”.

En Ciudad de México, desde el 26 de abril de 2007, el aborto hasta las 12 semanas está despenalizado. Desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, su partido, Morena, que obtuvo mayoría en gran parte de los congresos estatales así como en el Poder Legislativo federal, ha conseguido que se aprueben legislaciones similares para los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.

Son las autoridades las que cuentan con mayores recursos tanto para eliminar las causas como las nefastas consecuencias de la violencia criminal

Y en Argentina, la  pastoral social de la archidiócesis de Rosario ha denunciado que el narcotráfico está cobijado por sectores del poder. «Rosario vive en circunstancias cuya injusticia clama al cielo», explica la Iglesia local, describiendo las circunstancias que generaron un «terreno propicio para que arraiguen las adicciones y el narcotráfico, negocio de macabros intereses, cuyo crecimiento no podemos explicar a no ser que esté cobijado por sectores del poder», informó Aica. 

rosario

«Nuestra dignidad es desconocida y vulnerada», denuncian, asegurando que «la injusticia crece y clama al cielo por la falta de respuestas de los distintos niveles del Estado representados por magistrados y funcionarios designados legalmente en democracia y cuyo poder queda deslegitimado por un ejercicio de este que no genera las políticas públicas lúcidas, decididas y valientes necesarias y que tantas veces hemos reclamado haciéndonos eco del sufrimiento de la gente».

«Son las autoridades las que cuentan con mayores recursos tanto para eliminar las causas como las nefastas consecuencias de la violencia criminal», indican en el comunicado.