El pasado viernes 18 se conocía el fallecimiento de la magistrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg,  de 87 años, era la juez de mayor de edad de la Corte Suprema y el principal referente ideológico progre del Tribunal. Su fallecimiento ha sido lamentado particularmente por el progresismo estadounidense y por el Partido Demócrata. La carrera como magistrada de Ginsburg se caracterizó por la promoción del sectarismo ideológico y por la absoluta falta de independencia. Ginsburg desarrolló un extenso perfil mediático en medios de comunicación, algo poco apropiado para un magistrado del Tribunal Supremo. En numerosas ocasiones, su radicalismo le llevó a atravesar barreras impropias para la labor de un magistrado que debe estar guiada por su independencia. Así, se convirtió en la primera magistrada del Tribunal Supremo en insultar públicamente a un candidato a presidente de Estados Unidos. Así, en plena campaña presidencial de 2016, Ginsburg calificó como “farsante”, al candidato republicano Donald Trump. Dicho acto debió suponer su dimisión. Imagínense si Clarence Thomas, Samuel Alito o cualquiera de los magistrados conservadores del Tribunal Supremo hubieran insultado al Presidente Barack Obama o a la candidata demócrata Hillary Clinton. El linchamiento mediático hubiera sido tan incesante, que se hubiera forzado su automática dimisión. Pero ya se sabe que la esencia del progresismo es la impunidad, y por supuesto ningún medio de comunicación exigió responsabilidades a Ginsburg por sus declaraciones.

Lo lógico y lo legal es que el presidente nomine cuanto antes a un candidato para el Tribunal Supremo, pero los demócratas han armado la marimorena

Tras conocerse su fallecimiento, el Presidente Donald Trump anunció que propondría un candidato para sustituirle en el Tribunal, que en todo caso será una mujer. Dicho anuncio supone cumplir con el mandato recogido en el artículo 2 de la Constitución de EEUU que afirma que el Presidente debe proponer a los magistrados del Tribunal Supremo -cuando existan vacantes-, y que el nombramiento deberá ser aprobado por mayoría simple en el Senado.

Así, las principales candidatas son las magistradas de la Corte Federal de Apelaciones, Amy Coney Barrett, Allison Jones Rushing y la  también magistrada federal hispana Barbara Lagoa.

Pero, sin duda, la principal favorita es Amy Coney Barrett. Antes de ser juez federal, fue profesora de la Universidad de Notre Dame, facultad donde se graduó con honores y asesora jurídica del magistrado del Tribunal Supremo, Antonin Scalia, el mayor referente intelectual cristiano en el ámbito judicial estadounidense de las últimas décadas. Barrett es católica, madre de siete hijos y pertenece al movimiento Renovación Carismática. En su época universitaria, se caracterizó por su notable activismo provida y pertenece al movimiento Federalist Society, que abarca a los intelectuales jurídicos conservadores más relevantes de Estados Unidos. Barrett fue noticia en 2017 cuando fue propuesta como magistrada de la corte de apelaciones por el Presidente Trump, por el linchamiento que sufrió durante su proceso de nominación por parte de los senadores demócratas. Particularmente desagradable fue el interrogatorio de la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein que calificó a Barrett de “dogmática”.

La declaración de intenciones de Trump no ha sentado bien en las filas demócratas, que han exigido al Presidente que no designe un nuevo magistrado hasta pasadas las elecciones presidenciales. Así, han afirmado que se trata de un ataque a la democracia dado que quedan 43 días para las elecciones.

El Partido Demócrata se ha lanzado a la yugular de la candidata favorita para la denominación, Amy Barret, madre de 7 hijos y una intelectual reconocida en el país 

Pero, ¿por qué? ¿Existe algún argumento legal que avale esta afirmación? En absoluto, únicamente el cálculo electoral demócrata. Esta ha sido la respuesta republicana, dada por el Senador Mitch McConnell. El líder republicano también ha recordado que existen numerosos precedentes de magistrados que han sido designados en períodos mucho menores como fue el caso de John Paul Stevens en 1975 en 19 días, o el de Sandra Day O’Connor en 1981 en 33 días. O más llamativo es el caso de la propia Ginsburg, que fue elegida en 1993 en apenas 42 días.

McConnell ha puesto de manifiesto la más que habitual inquina demócrata contra el presidente Trump, recordando cómo se opusieron también a los nombramientos de los magistrados Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh en 2017 y 2018. Sobre este último, además, recordó cómo los demócratas perpetraron una campaña de acoso y derribo basada en falsas acusaciones de agresión sexual, con tal de boicotear su nombramiento. Aquí el plazo para las elecciones no era de 43 días, pero da igual, eran candidatos de Trump y, por tanto, no válidos. 

¿Qué es lo que no soporta la progresía norteamericana de las candidatas de Trump? Que son católicas y provida

Trump una foto Trump

Pero el estupidiario demócrata no tiene fin, y su último mantra es aún más absurdo que los dos últimos argumentos que acabamos de analizar. Y es que, tras el fallecimiento en 2016 del magistrado Antonin Scalia, los republicanos que ostentaban entonces (y ahora) la mayoría en el senado impidieron el nombramiento del candidato propuesto por el entonces presidente Obama. ¿Acaso piensan que si los demócratas hubieran ostentado la mayoría en el Senado durante la Presidencia de Trump, hubieran permitido la designación de algún magistrado por parte del Presidente?

El mundo tiene un problema: Estados Unidos, hasta ahora el gran baluarte, se está volviendo progre

El sábado conoceremos quién es el designado. Sea Barrett o sea quien sea, no duden que será objeto de linchamiento mediático por parte de los medios de comunicación y de la oposición demócrata. La agresividad demócrata demostrada con los magistrados Gorsuch y Kavanaugh propuestos por Trump, no será nada en comparación con la que exhibirán con el nuevo candidato que proponga el presidente. A fin de cuentas, de salir adelante el nombramiento, y tras la conversión al progresismo del presidente de la Corte John Roberts, el bloque conservador de la Corte podría, por primera vez en décadas, ostentar una mayoría de cinco a cuatro en el más alto Tribunal del país. Esto es inasumible para los demócratas, por cuanto para ellos únicamente puede ostentar legitimidad el Tribunal si es de mayoría progresista, como en la actualidad.