La dictadura nicaragüense de Daniel Ortega continúa con su persecución a actividades de la sociedad civil sobre las que intuye que no puede controlar. 

Y muchas de esta iniciativas perseguidas pertenecen a la iglesia católica. Hispanidad ha venido recogiendo la disolución por orden del régimen de instituciones como la Universidad Católica Juan Pablo II, la Asociación Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega y la Fundación Mariana de Lucha contra el Cáncer (FUMALCCAN). 

Asimismo, la dictadura ha encarcelado a Mons. Rolando Álvarez Lagos, quien se negó a ser deportado a EEUU junto a otros 222 presos. 

Además, en 2022, el gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. 

También encarceló a siete sacerdotes y dos colaboradores de la diócesis de Matagalpa, cerró nueve emisoras de radio católicas y retiró tres canales católicos de la programación televisiva por suscripción, e impidió procesiones y peregrinaciones. 

Y el último episodio de esta persecución ha sido el cierre de la ‘Asociación María Auxiliadora Pro-Mujeres con Cáncer’ (Salesianos), la cual brindaba atención a mujeres de escasos recursos que sufrían de cáncer cuello uterino y de mama, junto a otras 24 ONGs.  

De hecho, la dictadura centroamericana ha cerrado 3.372 de las más de 7.000 ONGs de este tipo que estaban registradas hasta 2018.