En Nicaragua, los nicaragüenses vienen padeciendo la dictadura de Daniel Ortega desde que este se hiciese con el poder, en enero de 2007 (aunque anteriormente presidió un mandato entre 1985 y 1990).

Pero, aun así, él y su mujer Rosario Murillo -otra tirana de libro- siguen apuntalando su dictadura mediante reformas supuestamente constitucionales. 

Así, por ejemplo, ayer jueves, el Parlamento (Asamblea Nacional), controlado por el régimen por medio del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una reforma constitucional que extiende la duración del mandato de 5 a 6 años (en este momento, la reelección presidencial es indefinida). En consecuencia, las elecciones, que estaban previstas para noviembre de 2026, se retrasarán un año, para que las autoridades electas asuman el poder a principios de 2028: de nuevo él mismo o su mujer, si él ya no está (pues tiene 79 años). 

Pero no contento con eso, en dicha reforma se ha validado también que su mujer Rosario Murillo suba de rango y pase de vicepresidenta (lo que es en la actualidad) a «copresidenta».

Además, la nueva redacción -se han modificado 148 de los 198 artículos que contiene la Constitución- faculta al presidente a ser coordinador último de los poderes legislativo y judicial, es decir, una dictadura de libro: viva la separación de poderes. 

Asimismo, la reforma determina que el Estado «vigilará» -todavía más- a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros». 

Y más: se crea una «Policía Voluntaria», integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad. De hecho, antes de que esta reforma fuese aprobada, más de 15.000 civiles con los rostros ocultos bajo capuchas negras pasaron a formar parte de esa policía del régimen, que recuerda a las que Hugo Chávez creó en Venezuela para ayudarle en sus tareas represoras. 

Y es que el sandinista, lejos de apaciguarse con los años, se ha vuelto cada vez más dictador. Y ha endurecido la represión, sobre todo tras las protestas ciudadanas de 2018, que dejaron 320 muertos según la ONU. Y una de las instituciones que persigue con más saña es la iglesia católica, pues esta fue una de las que más alzó voz contra esa represión y Ortega sabe perfectamente que predica libertad y dignidad humanas, ambas pisoteadas por él.