En México, al presidente ultraizquierdista Andrés Manuel López Obrador le quedan dos telediarios al frente del país, porque su sucesora Claudia Sheinbaum tomará posesión el próximo 1 de octubre. 

Pero antes de marcharse ha emprendido dos cruzadas: la reforma de la justicia para que los ciudadanos elijan a los jueces -cuya tramitación sigue su curso-; y una reforma militar para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que fue creado en 2019 bajo la condición de mantenerlo en manos civiles.

De hecho, la actual Constitución mexicana establece que las instituciones de seguridad pública tienen que ser de carácter civil. La intención de AMLO es modificar eso. 

Las dos reformas han generado polémica en el país. En concreto, sobre esta segunda, hay quien cree -y critica- que lo que pretende López Obrador es hacer algo similar a lo que hizo el difunto dictador venezolano Hugo Chávez, que dio a los militares poder sobre algunas esferas de la vida civil.

En concreto, Hugo Chávez metió a las Fuerzas Armadas venezolanas en áreas como la seguridad pública, la construcción de proyectos estratégicos y de infraestructuras (como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía) y la dirección de empresas del Estado (aduanas y puertos). 

Y esto es lo que en México denuncian que quiere hacer López Obrador. Por ejemplo, 'Causa en Común' (organización especializada en seguridad) denunció que esta reforma pretende «normalizar constitucionalmente una esfera de acción ilimitada para las Fuerzas Armadas», extendiendo sus competencias a áreas civiles para las que no están preparadas. 

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha denunciado que la reforma de López Obrador supone un «paso sin retorno hacia la militarización».