Los nicaragüenses vienen padeciendo la dictadura de Daniel Ortega desde que este se hiciese con el poder, en enero de 2007 (aunque anteriormente presidió un mandato presidencial entre 1985 y 1990 sumando en total de 26 años entre los dos periodos).

El sandinista, lejos de apaciguarse con los años, se ha vuelto cada vez más dictador. Y ha endurecido la represión, sobre todo tras las protestas ciudadanas de 2018. Desde entonces, ha cerrado unas 5.500 ONGs y ha confiscado sus bienes.

Otra de las demostraciones de ello es la persecución a los cristianos, particularmente a la iglesia católica, pues sabe que ésta predica libertad y dignidad humanas, ambas pisoteadas por él. 

El último capítulo de esa persecución  -y ya ha escrito muchos de esos capítulos, que hemos venido relatando en Hispanidad-  ha sido la clausura, el pasado 29 de agosto, de la Iglesia morava (cristiana evangélica), fundada en la costa Caribe de Nicaragua en 1849 y con unos 100.000 miembros activos. 

Así lo ha denunciado el pastor moravo Francisco Alvicio Watshus, que ha acusado a Ortega de “arrebatarles” sus tierras y pretender “controlar todos los espacios de nuestras vidas, incluyendo la Iglesia”. 

La abogada Martha Patricia Molina documentó entre 2018 y 2024 unas 870 agresiones contra la Iglesia católica y más de 100 contra la Iglesia cristiana evangélica. Y es que según Molina, el gobierno pretende “continuar una política de adoctrinamiento” para “exterminar” a las iglesias y “que sean Daniel Ortega y Rosario Murillo los únicos líderes en el país”. 

Y a todo esto hay que añadir la represión, por parte del régimen, de las libertades más básicas, como la libertad de expresión. Lo último que se la ocurrido al tirano Ortega ha sido aprobar la «Ley Especial de Ciberdelitos», que le permitirá ejercer el control sobre las redes sociales y, en definitiva, sobre los opositores que viertan críticas en ellas, con la excusa -siempre es lo mismo- de la publicación de contenidos que causen "alarma, temor, pánico o zozobra". La norma contempla penas de hasta 5 años de cárcel.