La Primer Ministro de Italia, Giorgia Meloni, ya lo advirtió. Anunció que emprendía una lucha contra la okupación que asola al país: "La era en la que el Estado da la espalda al frente de la legalidad ha terminado: por eso, entre tantas operaciones sobre el tema, el Gobierno ha iniciado su propia batalla contra las ocupaciones ilegales", aseguraba en sus redes sociales. 

La lucha contra la okupación es algo que Meloni ya llevó en su proyecto durante la campaña electoral, anunciando que, de ganar las elecciones, presentarían un proyecto de ley "que prevé el desalojo inmediato de las ocupaciones ilegales de viviendas ajenas, sin excepciones ni estratagemas. Todo dueño, arrendatario, cesionario de un inmueble, si sufre la ocupación ilegal de su casa, tendrá de su lado al Estado”.

Y ahora ha cumplido su palabra, porque esta semana el Parlamento de Italia decidió endurecer el delito por la "okupación arbitraria de un inmueble destinado al domicilio de otros", por el que se podrá imponer condenas de cárcel. La norma establece penas de entre dos y siete años de cárcel para los okupas, al mismo tiempo que se facilitará la devolución de los domicilios a sus legítimos dueños.

La nueva medida permitirá acelerar el proceso de intervención y desalojo de los okupas de las viviendas por parte de la Policía. Andrea Pellicini, diputado del partido de Meloni, ha asegurado que la norma supone un paso más "que sanciona severamente las conductas odiosas y viles de quienes ocupan arrogantemente casas ajenas".

A su vez, destacó que "se establece un proceso de emergencia destinado a permitir a las fuerzas policiales desalojar de forma rápida las propiedades y devolverlas a sus titulares".