En Hispanidad hemos publicado varios casos que demuestran cómo toda la maquinaria trans coacciona y empuja a jóvenes a tomar deciones irreversibles de las que se pueden arrepentir. Como Chloe Cole que denunció la coacción a la que fueron sometidos sus padres por parte de los médicos:"¿Preferirías tener una hija muerta o un hijo vivo?" o el del ex marine estadounidense Chris Beck que advitió que los famosos bloqueadores de la pubertad "son las mismas hormonas que solían utilizar para la castración química para pedófilos”. O el de Amelia, transgénero arrepentida, que denunciaba la coacción que sufrió: le dijeron que "si no transicionaba no iba a ser feliz y me acabaría quitando la vida". Muestra de ello son los protocolos en los colegios que obligan a los profesores a denunciar a los padres que se opongan a que sus hijos cambien de sexo.
Ahora recogemos una sentencia del juez Andrew Strum donde la cordura empieza a ver la luz y se impone. En su fallo critica la falta de base científica en los argumentos a favor de la transición de un menor, alertando sobre el riesgo de imponer la ideología y la idea de un cambio de sexo en una edad tan temprana, por lo que otorga la custodia exclusiva de un niño de 12 años al padre, con el fin de detener los intentos persistentes de la madre para hacer que su hijo transicione.
Ha ocurrido en Australia, la madre, apoyada por una 'clínica de género' estaban intentando que el niño, insistimos, de 12 años, comenzara con un tratamiento de bloqueadores hormonales. Tal y como se cuenta en el testimonio, la madre llevaba seis años intentando implantar a su hijo la idea del cambio de sexo, por tanto, el acoso empezó cuando el menor sólo contaba con seis años.
Según un reportaje de Ellie Dudley para The Australian, quien dio a conocer el caso, Strum consideró que la decisión de "afirmar sin reservas" a cualquier niño que manifieste dudas sobre su identidad de género resulta "curiosamente binaria".
"Este es un caso sobre un niño, y un niño relativamente joven; no se trata de una causa a favor de las personas transgénero", falló el magistrado en su sentencia: "A medida que este niño crezca, se desarrolle y madure, y explore y experimente la vida, podría, con los beneficios del paso del tiempo y la adquisición de una comprensión equilibrada, llegar a identificarse como una mujer transgénero y decidir someterse a algún tipo de tratamiento médico, para afirmar o alinearse con esa identidad. Pero, de igual modo, con esos mismos beneficios, podría no hacerlo, y por diversas razones".
"En esta etapa de la vida del menor, todas las opciones deberían permanecer abiertas, sin ningún riesgo inaceptable de daño para el niño", sostuvo Strum. El juez también carga contra la clínica en el fallo, y es que estos llamados especialistas en género sostuvieron que la madre nada tenía que ver en el deseo del niño, puesto que la "identidad de género" es "interna" y "no susceptible de influencias externas", afrmación que ha causado el asombro del magistrado.
"La madre, en el contrainterrogatorio, rechazó incluso la posibilidad de que factores externos o influencias pudieran desempeñar algún papel en la identidad de género del niño", aseguró Strum, quien subrayó que los expertos que testificaron a favor de la madre "no pudieron señalar ninguna base empírica o sustantiva para sus opiniones, salvo informes anecdóticos de adultos transgénero sobre su experiencia con la identidad de género".
"Sin en modo alguno avalar las prácticas denominadas ‘terapias de conversión o reparativas’, resulta preocupante que se adopte un enfoque curiosamente binario con respecto a los menores, especialmente de la edad del niño objeto de este proceso; es decir, afirmar sin reservas a quienes presentan dudas sobre su género, sin admitir ningún cuestionamiento".
Y ojo, que la sentencia de juez es valiente puesto que se enfrenta a la nueva legislación australiana que penaliza las terapias de conversión, con. esa legislación toda persona que ofrezca consejo, aunque estas mismas personas expresen no desear su atracción homosexual o confusión de género, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 100.000 dólares australianos, unos 60.000 euros.
