Como es bien sabido, los venezolanos vienen padeciendo una cruel dictadura socialista-comunista desde 1999, año en que llegó al poder Hugo Chávez, y hasta la actualidad, con su sucesor, Nicolás Maduro, que cometió un pucherazo electoral el pasado 28 de julio para perpetuarse en el poder, pese a haber perdido las elecciones, tal y como demostró la oposición en esta página web. 

En estos 26 años, Venezuela ha sufrido un proceso de deterioro en todos los ámbitos, por supuesto en el político -con esa cruel dictadura que pisotea los derechos humanos-, pero también en el ámbito social y económico, lo que ha provocado que muchos venezolanos hayan huido del país. 

Pues bien: va y resulta que ahora el dictador Maduro se las da de gran estadista, como si fuera a salvar el país, y ha firmado un decreto de "emergencia económica" en respuesta a la "guerra comercial inédita y sin precedentes" desatada por la Administración de Donald Trump, cuando este les impuso un arancel del 15% a los productos venezolanos. 

El objetivo del decreto es "preservar el equilibrio económico de la Nación y garantizar a la población el disfrute pleno de sus Derechos Humanos, el acceso a bienes y servicios esenciales y la cohesión y protección de los sectores productivos".

Sin embargo, el problema de Venezuela con el actual presidente estadounidense viene de antes, de cuando Trump recuperó las sanciones al petróleo venezolano por no respetar “las condiciones electorales” y por no colaborar en la vuelta a Venezuela de "los criminales violentos" que había en Estados Unidos, en referencia a miembros del Tren de Aragua.

Poco después, Trump ordenaba a Chevron y otras petroleras de EEUU dejar de exportar crudo de Venezuela, con el riesgo de que ese agujero sea aprovechado por China..., como resaltó Hispanidad. 

Por cierto que, en relación a las deportaciones de EEUU de criminales venezolanos (como los del Tren de Aragua) -y de otros países- el Tribunal Supremo norteamericano las ha autorizado, invocando para ello la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798.

Esas deportaciones habían sido bloqueadas por un tribunal federal el pasado 15 de marzo. Pero el Supremo estadounidense ha revocado el bloqueo y ha permitido a la Administración Trump proseguir con ellas. Aunque con matices: los afectados tienen derecho a ser informados de ello y a disponer de un “tiempo razonable” para impugnar su deportación.