La tarde del martes está previsto que se vote la Ley de Amnistía. Las negociaciones se han apurado hasta el último momento y es que, con cada nuevo punto que se dibujaba en la norma, el poder judicial ha contestado con contundencia, lo que ha hecho que, horas antes de que la votación se produzca, el resultado aún no esté claro. 

Los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre son los protagonistas de lo que se ha detonado este semana. García-Castellón incluía la imputación a Puigdemont por terrorismo, lo que provocaba la reacción de los socialistas y sus socios, ya saben, acción-reacción. Moncloa se sacó de la manga el terrorismo bueno y el terrorismo malo. 

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Es decir, crearon un terrorismo que va contra los derechos humanos y otro que no, y que por tanto, puede incluirse en la Amnistía. Evidentemente, Puigdemont y el resto, a ojos de Moncloa, cometieron terrorismo del bueno. En palabras del Ministro Bolaños, "no es comparable el terrorismo que cometió ETA", con lo que ocurrió en Cataluña. Dijo el Ministro del Gobierno que tiene como socio preferente a Bildu.

Pero volviendo al magistrado, García-Castellón vuelve a jugar con las reglas que impone y cambia Moncloa, y asegura que vale, que habrá dos terrorismos, pero que como juez estima que Puigdemont, los CDR y Tsunami Democràtic cometieron actos "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", el juez recuerda que los hechos fueron de tal gravedad, que hasta Sánchez visitó en el hospital a los agentes heridos. Por tanto, estos hechos no podrían incluirse en la Amnistía, y Puigdemont y compañái podrían ser juzgados por los hechos ocurridos el 1 de octubre. 

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En paralelo, actúa el juez Aguirre: decide prorrogar seis meses más la instrucción del caso Voloh ante los indicios de que el expresidente prófugo catalán pudiera haber cometido un delito de traición por sus contactos con emisarios rusos antes del 1-O

Estos dos hechos, hacen que sea imposible que Junts exija in extremis la inclusión en la Ley de Amnistía de los delitos de traición y del terrorismo 'malo'.

Ante el callejón sin salida, Junts pide más y asegura que "siempre ha defendido que la Ley de Amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata": "La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera". Es decir, le han visto las orejas al lobo: si votan a favor, la Amnistía puede que no sirva para lo que ellos quiera. 

¿Solución? Solo hay dos posiblidades para los de Junts. O el PSOE acepta sus enmendias y blinda la Ley para que los jueces no puedan actuar. O dicho en otras palabras, los socialistas deberían eliminar de su texto la distición de terrorismo bueno y malo e incluir en la Ley de Amnistía todos los tipos de terrorismo, hecho que, hasta hace unos días, era la línea roja del Gobierno.

Segundo escenario para Junts, si los socialistas rechazan esta opción, a los independentistas sólo les quedaría votar en contra y que la Ley vuelva a la Comisión de Justicia, ahí los de Junts podría volver a presionar a Sánchez para incluir más supuestos en los que amnistiar al expresidente catalán. 

En cambio, ERC ya ha adelantado que votará sí a la norma, porque "un juez prevaricador, en ningún caso, puede marcar la agenda de una ley", aunque reconocen que el texto no es perfecto: "Nos tendremos que acostumbrar a que se inventen delitos".

En paralelo, y ante la posibilidad de que la ley o las enmiendas salgan adelante, Vox ha exigido al PP que use su mayoría en el Senado para retrasar la tramitación. 

Y mientras todo esto ocurre, la desbancada entre el cuerpo de letrados del Congreso continúa en forma de dimisiones por la deriva del secretario general de la Cámara Baja y letrado mayor, Fernando Galindo. Primero fueron el interventor de las Cortes y otros cinco letrados, ahora se han unido otros tres en los últimos días.

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