Seguimos manoseando cadáveres. El 20 julio de 2021 fue aprobada en el Consejo de Ministros el proyecto de “Ley de Memoria Democrática”, el jueves 14 de julio de 2022 la ley fue aprobada en el Congreso, en los siguientes meses ha sido sometida a trámite en el Senado y ayer miércoles fue aprobada definitivamente en la Cámara Alta. 

El Senado ha rechazado los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no ha aceptado ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso. Por lo que la Ley de Memoria Histórica ha sido ratificada en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones.

Recuerden que esta Ley se basa en la memoria histórica de Pedro Sánchez, que comienza en 1940 pero se alarga hasta 1982. Para entendernos, que se van a investigar, no los asesinatos de ETA (más de 300 sin resolver) sino los excesos de la policía española contra ETA, hasta el año mismo en la que los socialistas llegan al poder. Como resumen, el único malvado es Franco: todos los demás son buenos, incluidos los etarras.

Así que, en cuanto la ley entre en vigor, su Sanchidad afrontará su año electoral con varias armas ideológicas: exhumaciones de 'victimas franquistas', exhumar los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera y de Gonzalo Queipo de Llano, destruir la Cruz del Valle de los Caídos y blanquear el terrorismo. 

El ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una entrevista concedida a la Cadena Ser ha confirmado que los cuerpos de Primo de Rivera y de Queipo de Llano serán exhumados de las basílicas del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros, y de la Macarena de Sevilla respectivamente.

Por supuesto Sánchez y su equipo irán a por el Valle de los Caídos, a por esa horrible cruz, que diría Carmen Calvo. El conjunto monumental del Valle de los Caídos, que integra, entre otros, la Cruz, la Abadía benedictina, la Basílica de la Santa Cruz del Valle o la Hospedería, que ha sido foco de las más diversas mentiras y patrañas históricas.

Aquí el sanchismo juega dos bazas, por un lado, Franco era malo y ahí se enterraron sus víctimas: en este punto les recomiendo la lectura de este artículo del colaborador de Hispanidad, Javier Paredes: En el Valle de los Caídos no están enterrados ni los “rojos” ni los “azules”, sino los caídos en la Guerra Civil: 33.847 católicos españoles, sin importar en qué bando habían luchado. 

Don Pedro quiere exhumar a estas víctimas, pese a que ya son 258 familias las que han pedido que no toquen a los suyos: "tienen derecho a la digna sepultura"... frente a 60 familias que han pedido exhumar los restos de sus familiares.Para entendernos, en el Valle de los Caídos están enterradas unas 34.000 personas, de las que 12.510 no están identificadas, es decir, no se sabe si están allí o no. Esto es importante, porque de las 60 familias que han solicitado exhumar los cuerpos de sus familiares, la mayoría no están identificados. Pueden estar en el Valle o no. Ahora, el Gobierno pretende exhumar los restos de unas 60 personas que ni siquiera se sabe si están allí enterradas, lo que provocará un caos absoluto porque, como apuntan los familiares de las otras 256 personas, a causa del mal estado de las tumbas, es casi imposible conocer con exactitud, antes de la exhumación, si en el osario reposan los restos que se buscan. Además, avisan de que en el proceso podrían extraerse restos mezclados que correspondan a otros enterrados.

El plan también pasa por la expulsión de la comunidad benedictina a cuyo frente está el prior Santiago Cantera, aunque ahí siguen resistiendo estoicamente, pese a no haber recibido ni un euro, de los que les corresponde, para la conservación de la Abadía

Y el segundo objetivo, que desde Hispanidad hemos denunciado varias veces, Sánchez está obsesionado con derribar la cruz. El plan también pasa por la expulsión de la comunidad benedictina a cuyo frente está el prior Santiago Cantera, aunque ahí siguen resistiendo estoicamente, pese a no haber recibido ni un euro, de los que les corresponde, para la conservación de la Abadía. La Cruz tiene una posibilidad de ser salvada y es declararla Bien de Interés Cultural, y la petición depende de Ayuso.

En definitiva, el objetivo del Gobierno Sánchez y de esta ley, no hay que olvidarlo, es derribar la cruz y desacralizar la iglesia -y expulsar a los monjes benedictinos- que fue elevada a Basílica Menor por el Papa Beato Juan XXIII, y convertirla -resignificarla- en un lugar de memoria histórica… republicana, naturalmente.