Parece que el Gobierno no aprende. Si la ley del Sólo sí es sí se ha convertido en un coladero de rebajas de penas para los agresores sexuales, la reforma del delito de malversación apunta a que será la puerta por la que saldrán de la cárcel incontables corruptos políticos. 

La reforma del delito de malversación aprobada por los partidos de la moción de censura a finales del mes de diciembre establece tres supuestos diferenciados de malversación y reduce sensiblemente las penas previstas si no hay lucro directo y personal.

Para entendernos, estamos ante un nuevo sofisma Sánchez. El delito de malversación consiste en sustraer fondos públicos para fines privados, ya sean personales o corporativos. En el caso de los separatistas catalanes, el procés, y en el caso de los ERE de Andalucía, el PSOE andaluz. ¿Que no hubo lucro personal, como argumenta la izquierda? pues enhorabuena a los premiados, pero no cuela, porque en ambos casos sí se aprovecharon de la malversación, por ejemplo, para hacer uso de su poder político y/o para perpetuarlo. Pero Sánchez ha conseguido que no sea malversación si no hay enriquecimiento personal.

Ya lo aclaraba ayer mismo la ministra portavoz: Rodríguez volvió a mostrar las 'buenas intenciones' del Gobierno: la reforma de la malversación se hizo para perseguir la corrupción, eso es lo que importa. Si no lo consiguen, como en la ley del Sólo sí es sí, es porque los jueces son unos fascistas de tomo y lomo.

Y ya está la primera trama en la que la rebaja va a hacerse presente: el caso Acuamed. El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Acuamed ha solicitado a la Fiscalía que revise las penas que tenía previsto reclamar porque considera que el cambio del artículo 432 del Código Penal puede impedir que se reclamen penas superiores.

A esta que pueden seguirle otros casos medáticos como la trama Púnica, la Kitchen, los ERE de Andalucía y los condenados por el procés. Y otros de no tanta repercusión, puesto que la malversación se da con frecuencia en ayuntamientos pequeños por desvíos de fondos con fines clientelistas, cuyos corruptos se verían beneficiados por la rebaja de condenas.