De esta forma se consigue un doble efecto. Conseguir una titulación universitaria, que nunca viene mal, y sobre todo, recortar las penas por redención. Un fraude de ley como la catedral de Colonia que el anterior gobierno popular trató de frenar obligando a los presos que quisieran estudiar a que se matricularan en la UNED, la única universidad sujeta a la disciplina estatal donde estos fraudes no son posibles.
Por supuesto, el cambio de gobierno dio marcha atrás a ese proyecto y los presos etarras siguen matriculados en la UPV. El esperpento es el de un preso huido que se sacó la carrera por la UPV. La pregunta es obligada: ¿Dónde enviaban los exámenes? ¿Por qué la UPV no colaboraba con la Justicia? Apelar a la "autonomía universitaria" resulta tan irrisorio como grotesco.