La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aparece en escena en su intervención ante la Comisión de Igualdad del Congreso y anuncia triunfante que en un año y medio que lleva aprobada la ley trans se han tramitado nada menos que 5.900 cambios de sexo en España, cuatro veces más que en el año 2022, cuando se registraron 1.306. Y asegura que todas las solicitudes se han realizado con normalidad, el 99 % de los casos se ha hecho con "normalidad y buen uso de la ley": 85 han sido denegadas, en ocho se ha desistido el solicitante y en cinco ha caducado

Y es que Redondo no es ajena a la polémica que tra la ley y afirma que existen instrumentos normativos "suficientes" que permiten garantizar la aplicación correcta de la ley y ha agregado que "aunque el agresor cambie el sexo en el Registro Civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género cometidos". 

Cada vez son más numerosos los casos en los que los hombres usan la ley para librarse de cárcel, acceder al sistema de protección de víctimas de violencia machista o que se declaran mujeres para evitar la condena. A todos ellos, muy seria, advierte la ministra: "para aquellos que insisten en esta irresponsable actitud no solo están desprestigiando esta ley y los derechos de este colectivo, sino a nuestro propio ordenamiento jurídico constitucional".

Pide Redondo acabar con la "crispación" y avisa a los que según ella abusan de la Ley Trans de que van a tener que enfrentarse al fraude de ley, acusando a "quienes desde posiciones maximalistas han intentado y siguen procurando desprestigiar y atacar la igualdad de derechos y las políticas encaminadas a remover los obstáculos que impiden la equidad, en este caso, de las personas LGTBI+", además de a los hombres "que se prestan a interpretar este sainete".

Estas actitudes las tilda de "inhumanas y antidemocráticas" porque contribuyen a "seguir juzgando, arrinconando y perjudicando a un colectivo extremadamente vulnerable e históricamente indefenso como el que constituyen las personas trans".

Así, la ministra primero comparte unos datos históricos, como todo lo relacionado con el Gobierno, despues niega la realidad, porque, insistimos, la ley es muy clara: reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y será efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. Entonces, ¿por qué en este caso hablaríamos de fraude de ley?

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Y Redondo finaliza como comenzó la intervención: triunfal. Recalca en su discurso que si hay fraude en la aplicación de la ley, "se detecta, se denuncia y se interviene", como se hace con "cualquier otra ley". "Porque a nadie se le ocurriría pedir la modificación o derogación de leyes por el simple hecho de que cada día se produzcan decenas, cuando no centenares, de abusos", ¿y la Ley Solo Sí es Sí?