Ya antes de su victoria histórica en Madrid, Isabel Díaz Ayuso lo había anunciado: lucharía por preservar la libertad de enseñanza en la comunidad autónoma. Y la presidenta madrileña avanza en su respuesta a la Ley Celaá. El último paso, llevar a la Asamblea la contrarreforma a la Lomloe de manera que La Ley Maestra de Libertad Educativa podría estar aprobada el próximo curso.

Según publica La Razón dicha ley de la Comunidad de Madrid afectará a 1,2 millones de alumnos de centros educativos sostenidos con fondos públicos, de los cuales el 54,5% de los estudiantes de la región están escolarizados en centros públicos, el 29,6% lo hacen en centros concertados y el 15,9% en privados.

La norma autonómica defiende que los colegios que separan a niños y niñas en aulas diferentes puedan seguir recibiendo conciertos porque considera que «no rompe la igualdad» y “es conforme a la Constitución”, frente a la ley estatal, que suprime los conciertos a este tipo de centros. Recordemos que en este apartado -tal como recoge ABC- existe una sentencia, primero fue el Tribunal Supremo y posteriormente del Tribunal Constitucional que da el visto bueno a la financiación pública de la educación diferenciada. Por una mayoría de ocho votos frente a cuatro, el Pleno del órdago de garantías tumbó en abril de 2018 el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE sobre cinco puntos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), entre ellos la financiación pública de la educación diferenciada.

Con el fallo del TC, el Tribunal avala, tal como adelantó ABC, que se subvencione con dinero público a los colegios con educación que separan por sexo.

Además, la norma pretende garantizar la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas en los centros concertados y tendrá en cuenta la demanda social, un concepto que ha sido suprimido de la Lomloe y que Madrid Madrid lo incluye en su norma autonómica porque entiende que la ley estatal “pone en peligro la libertad de las familias madrileñas para elegir este tipo de educación y lo que pretende es perjudicar a la educación concertada y permitir que las comunidades socialistas no renueven los conciertos educativos y cuando éstos vayan a los tribunales no ganen las sentencias porque acreditan que hay demanda social”, aseguró ayer el consejero de Educación, Enrique Ossorio Es decir, se construirán colegios concertados, si los padres quieren.

Por otra parte, la ley pretende mantener el distrito único educativo, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño. Es decir, se podrá elegir centro con independencia del barrio de residencia. Este año, el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para el próximo curso escolar 2021/22. La cifra supone una mejoría de casi dos puntos con respecto a los datos registrados el pasado curso y es el mejor porcentaje registrado en toda la serie histórica.

Respecto a la educación especial, la futura ley de la CAM deja en manos de las familias con hijos con necesidades especiales que elijan entre las diferentes modalidades de escolarización existentes: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días). El Gobierno de Díaz Ayuso entiende que, de esta manera, se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial, frente a la Ley Celaá que «de manera soterrada» pretende llevar a los alumnos de la especial a los ordinarios, lo que abocaría a los primeros a su desaparición, según se ha denunciado.

Y otro pulso a la ley Celaá: habrá más evaluaciones externas que las que propone la Lomloe para poder evaluar los conocimientos que adquieren los alumnos.

En resumen, 'no' a la eliminación de la demanda social, 'sí' a la preservación de la educación diferenciada, 'sí' a la demanda social, a que los padres puedan elegir a qué centro educativo quieren enviar a sus hijos -es decir, que no lo decida Celaá-,  'no' a la ley del mínimo esfuerzo promulgada por la ley Celaá y 'sí' a la educación especial entendida como la posibilidad de los progenitores de decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos con necesidades especiales. 

Acabar con la demanda social para cerrar centros concertados constituye el instrumento de la ministra socialista, Isabel Celaá para destruir la educación católica en España, su principal obsesión.