Vox ha presentado una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña en la que insta a la cámara a declarar el islamismo como un «movimiento político-religioso incompatible con los principios de libertad, igualdad y democracia, así como con las leyes civiles y el estilo de vida en Occidente».

La propuesta, que se debatirá en la Comisión de Interior y Seguridad Pública, incluye una serie de medidas orientadas a frenar la expansión de ideologías islamistas en el territorio catalán:

El partido de Abascal propone la persecución de discursos de odio emitidos por islamistas contra mujeres, cristianos y otras comunidades.

También solicita la elaboración de un plan para identificar zonas de Cataluña en riesgo de convertirse en «no-go zones» y el diseño de un plan integral para combatir el yihadismo.

Asimismo, el partido exige la supresión de subvenciones a asociaciones y organizaciones que promuevan valores islamistas o que mantengan vínculos con países regidos por la sharía.

El texto alerta sobre la «islamización» como un proceso de transformación social y cultural que, según el partido, está afectando a varias naciones europeas. Vox sostiene que España aún no ha alcanzado la situación de países como Francia o Reino Unido, pero advierte sobre la aparición de comunidades paralelas que aplican normas ajenas a la cultura occidental, favoreciendo la expansión del radicalismo.

Según el último estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España (2023), el país alberga a más de 2,4 millones de musulmanes, lo que equivale al 5% de la población. Cataluña se destaca con más de 660.000 musulmanes, superando en número a otras comunidades como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Además, el número de mezquitas en Cataluña ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, superando las 280, y se alerta de que en una de cada tres se difunden ideas salafistas, según datos de los cuerpos de seguridad.

Otro de los aspectos señalados en la proposición es el aumento de prácticas como los matrimonios forzados, cuyo índice en Cataluña ha crecido un 20% en un año, y la imposición del velo islámico a mujeres y niñas. También se menciona la reciente deportación de imanes en localidades como La Jonquera y Figueres, así como la de un peluquero en Mataró, todos ellos vinculados con la propagación del salafismo y el reclutamiento de redes yihadistas.

Con esta propuesta, Vox busca que se tomen medidas para «proteger la identidad cultural de España, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y asegurar que los inmigrantes musulmanes y sus descendientes respeten las leyes y costumbres del país».

Todo ello apoyado por los últimos datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalidad de Cataluña, que sitúa al partido de Abascal como primera fuerza política con un 17,71% de apoyo, seguido de ERC con un 14,58% y el PSC con un 12,50%.