Recientemente, Irene Montero salía en defensa -otra vez- de Juana Rivas, una de sus "madres protectoras", que fue condenada por sustracción de menores: "Está sufriendo décadas de violencia institucional insoportable".

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Precisamente, la exministra de Igualdad es uno de los cargos a los que se refiere Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 2 de Granada, cuando solicita amparo ante el Consejo General del Poder Judicial. Dicha petición de la magistrada se produce después de que el equipo jurídico de Juana Rivas calificase de erróneas sus decisiones judiciales y la considerase culpable de haber perjudicado con ellas, tanto a Rivas, como a los dos hijos en común con su expareja, el italiano Francesco Arcuri.

La jueza Angulo pide que el CGPJ adopte las medidas necesarias para que, tanto desde el despacho de abogados que lleva a Rivas, como desde los distintos Ministerios del Gobierno de España y otros cargos, se deje de difundir información sobre su persona que vulnere su independencia judicial y que tenga la intención de influir en su libre capacidad de resolución. Se refiere en concreto, además de a Montero, a las ministras Ana Redondo y Sira Rego, a Pablo Iglesias y Victoria Rosell.

Por su parte, los abogados de Juana Rivas han solicitado la recusación de la magistrada, así como de la jueza del Nº1, Cristina Cueto, que participó en funciones de sustitución en la causa, al tener conocimiento de que había firmado el manifiesto. 

La petición de recusación de Angulo la han llevado a cabo tras conocer que 107 jueces de toda España habían firmado un manifiesto en el que apoyaban a la jueza, que había sido duramente criticada de forma pública por los letrados.

Unas críticas emitidas por el despacho defensor de Rivas que llegaron cuando se dio a conocer la decisión de la magistrada de rechazar pronunciarse sobre si el hijo de la granadina de 10 años se quedaba en España con su madre o debía regresar con su progenitor a Italia. En la nota de prensa difundida, el bufete tachó de «hecho gravísimo» que una magistrada especializada en violencia de género no comprendiese lo que era la violencia vicaria.

Según Confilegal, estas palabras provocaron la reacción de más de un centenar de jueces que manifestaron que el despacho, no sólo buscaba el desprestigio directo de la compañera, sino también el de todos los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Además, también incidieron en que parecía que se estaba pretendiendo iniciar una campaña mediática «dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses de la Rivas». Algo que, tal y como recordaron, ya sucedió en 2017.

Mientras, y respecto al hijo menor de Rivas, el equipo jurídico de la mujer ha recalcado que ella no está cometiendo ningún delito de sustracción internacional de menores y que tampoco había recibido ninguna denuncia o querella por la permanencia del menor en España, el padre del niño, Francesco Arcuri, ha denunciado en Italia la sustracción de su hijo menor por parte de la madre, tras expirar el plazo del 8 de enero fijado por la Corte de Apelación de Cagliari para que regresara con él tras las fiestas navideñas, dado que tiene la guarda y custodia.

Está previsto que el viernes se celebre en los Tribunales de Cagliari la vista final por la custodia del menor.