Como es bien sabido, el niño Alex, de 9 años, fue asesinado presuntamente en Lardero (La Rioja), por un delincuente, de nombre Javier Almeida, que disfrutaba del tercer grado penitenciario, otorgado por Instituciones penitenciarias en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso en Cantabria, que resolvió por mayoría que continuara en segundo grado o régimen ordinario, explicó El Español. 

Javier Almeida llevaba casi tres décadas consecutivas en la cárcel por ser un agresor sexual reincidente y un asesino. Y él mismo había reconocido: “Tengo un instinto que no puedo dominar”. 

Pues bien: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer que se cumplieron las medidas del auto que dispuso la autoridad judicial para la concesión de la libertad condicional a Almeida. Sostuvo que todas las administraciones involucradas «han actuado conforme al principio de legalidad» y que la última medida adoptada, en abril de 2020 cuando Almeida salió de la cárcel, fue del propio Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien adoptó la libertad condicional, recoge La Razón. 

La Razón informa hoy de que los funcionarios de prisiones lamentan que la muerte del pequeño Álex haya servido para sacar a la luz las políticas del ministro del Interior en Instituciones Penitenciarias: «Qué pena. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que se hable del tema. Y además que sea la muerte de un chiquillo de 9 años».

Y es que resulta que una orden de servicio de enero del año pasado, tres meses antes de que a Javier Almeida, el presunto asesino de Álex, le concedieran la libertad, premia económicamente a las prisiones que más presos progresen a tercer grado. Se aplica dentro del programa de «Productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros penitenciarios». En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se explica que los directivos de las prisiones «deben impulsar una gestión orientada hacia la eficacia», y ésta se medirá en función de unos «indicadores de gestión de especial relevancia», añade este medio. 

El Ministerio del Interior paga un plus de productividad a los directores de cárceles por conceder a los presos el tercer grado, un beneficio penitenciario del que disfrutaba el detenido por el crimen de Alex

Los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo criticando esta orden de servicio dictada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dirigida por Ángel Luis Ortiz, mano derecha del ministro Marlaska. 

Desde el sindicato APFP sostienen que «el deteriorado modelo penitenciario ha alcanzado su máximo nivel con la llegada de Ortiz». «Un secretario que criminaliza a sus profesionales, un Ministro de Interior que tacha de débiles a los internos... Sus objetivos es que menos personas cumplan penas privativas de libertad, aumenten los trabajos en beneficio de la comunidad y, en resumen, imponer un laxo sistema punitivo para convertir a nuestro país en la cuna de la delincuencia», critica el portavoz del sindicato, Rafael Paniza. Y es que, los que tratan a diario con la población reclusa aseguran que «hay un porcentaje que nos afirma que seguirán cometiendo delitos: los que pierden con tanto buenismo es la sociedad que quiere vivir tranquila», añade La Razón. 

Por su parte, El Español añade en una información que el Ministerio del Interior paga un plus de productividad a los directores de cárceles por conceder a los presos el tercer grado, un beneficio penitenciario del que disfrutaba el detenido por el crimen de Alex.

Los incentivos económicos por conceder terceros grados pueden ascender hasta los 2.000 euros anuales, según un escrito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al que ha tenido acceso El Español.