La Audiencia de Madrid ha confirmado la condena de dos años de prisión por sustracción de menores impuesta a Patricia González Arribas, una de las madres de Infancia Libre, la asociación cuya presidenta también fue condenada por el mismo delito, quien compareció en el Congreso de los Diputados en marzo de 2017 en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a petición de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, y dio cuenta de varios casos de abusos sexuales.  

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación de González Arribas contra la sentencia que también le retiró durante cuatro años la patria potestad sobre la menor.

Según El Mundo, la sentencia ahora confirmada consideró probado que en octubre de 2017, «con ánimo de alejar a la menor de su padre y desvincularla totalmente del progenitor paterno y apartarla definitivamente tanto de él como del entorno familiar de éste», se llevó a la menor y la mantuvo «oculta» en un domicilio de La Cabrera (Madrid). No la escolarizó «a fin de evitar que fuera localizada», pero finalmente, en mayo de 2019, la niña fue hallada por policías de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Madrid.

El recurso de apelación de la condenada sostenía que el delito de sustracción de menores no puede aplicarse al progenitor que tenía atribuida la guardia y custodia, conforme a la redacción que tiene en el Código Penal. En este caso, la custodia se había fijado para la madre, con un régimen de visitas para el padre.

Esgrime también la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Juana Rivas, en el que se indica que el delito puede cometerse de forma alternativa en dos supuestos. Uno de ellos sería la aplicable al caso y se produce cuando se retiene a un menor «incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa».

Son historias de podemitas.