Ricardo Bravo ha comparecía en la Comisión de Vivienda, invitado por el Partido Popular, para denunciar la terrible situación que viven miles de personas en España. Muchas más de las 15.289 que apuntan los datos del Ministerio del Interior.

Tal y como ha explicado Bravo, esa cifra se circunscribe a las denuncias presentadas por allanamiento de morada o usurpación. Sin embargo, el número real -asegura- es mucho más elevado. En primer lugar, porque la lentitud de la Justicia hace que muchos propietarios no quieran denunciar: "Saben que si se meten en el tortuoso camino de la Justicia van a tardar entre 2 y 5 años en recuperar sus viviendas y, por lo tanto, están buscando soluciones extrajudiciales de todo tipo".

Pero, además, porque a los datos relativos a esta modalidad habría que sumar las víctimas indirectas -vecinos que sufren las consecuencias en edificios literalmente tomados por las mafias- y las víctimas de la denominada inquiokupación, aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar, pero se niegan a abandonar la vivienda. Estas últimas, según Bravo, formarían en estos momentos el grupo más numeroso: según sus cálculos, cerca de 80.000 en toda España. Sin embargo, al considerarse un mero incumplimiento de contrato, sus casos se dirimen en la vía civil y no penal y, por tanto, no aparecen en ninguna estadística oficial.

"Lamento decirles que no somos un bulo. Tampoco somos unos ‘asustaviejas’", les recriminaba Bravo a los diputados. 

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La  Plataforma de Afectados por la Ocupación ha vuelto a aprovechar la ocasión para pedir al Gobierno que les escuche y que haga un esfuerzo por aportar los datos que faltan para que la radiografía del problema esté completa. "Si tiene algún acceso a la ministra, le agradeceríamos que nos pudiera hacer un huequito, porque creo que nos lo merecemos", le ha pedido al portavoz socialista presente en la Comisión, al que le ha recordado que todos los meses desde octubre de 2021 han enviado una petición a la titular del ramo -en estos momentos, la también portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez- y jamás han recibido respuesta.

Hablando de falta de respuesta, en la Comisión no han participado ni Podemos, ni Sumar, ni ERC, ni Bildu. Y eso que estas dos últimas formaciones favorecieron con su voto -sí, fue por error- que se aprobara en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta propuesta partía del PNV y consistía en añadir los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del CP; para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado. Esto permitirá que los detenidos por ambos delitos sean juzgados en un plazo máximo de quince días desde su puesta disposición judicial. En otras palabras, se agilizará el proceso de los desahucios 'okupas'.

Vivienda

 

Por cierto, en la misma Comisión ha participado Carme Arcarazo Sempere, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, con estas palabras: “O bajan los alquileres, o lo haremos nosotros”.

Una idea en la que venimos insistiendo en Hispanidad, el Sanchismo avala ahora, no sólo un ataque, uno más, a la propiedad privada, sino que también avala la morosidad, es decir, una ilegalidad.palmaria. Y no quiero explicarles cómo se va a disparar el número de inquiokupas. Todo ello con el majadero del, ojo al dato, "sindicato de inquilinas", animando a las masas a no pagar el alquiler.