El sigilo sacramental es vital para el sacramento de la Penitencia
En Costa Rica, el diputado Antonio Ortega (del Frente Amplio, partido que se autodefine izquierdista, progresista y feminista) ha presentado el proyecto de Ley 23928 que obligaría a los sacerdotes a “revelar la información confiada por un penitente” en casos de delitos sexuales contra menores de edad y personas con discapacidad.
Es decir, que les obligaría a romper el secreto de confesión.
Ante este proyecto de ley, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) publicó un comunicado el pasado 31 de octubre en el que señalan que "bajo el loable fin de luchar contra la impunidad en el flagelo de los abusos sexuales contra personas menores de edad y personas vulnerables" se realiza "un ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión, específicamente obligando al sacerdote confesor tanto a revelar la información confiada por un penitente, sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza; como a su obligación de denunciar de estos delitos aún en el caso de que su única fuente de información sea dentro de sacramento de la confesión".
Los obispos costarricenses añaden que esa iniciativa legislativa es "un claro intento de algunos legisladores de inmiscuirse en la doctrina y liturgia de la Iglesia irrespetando la sacralidad de ese momento en que el penitente está frente a Dios y su conciencia. Esto es reprobable tanto desde el punto de vista de la Iglesia, como desde la doctrina de Derechos Humanos más actualizada y constituiría un ataque a la Libertad Religiosa en nuestro país".
Un día después, el 1 de noviembre, ante el debate suscitado en el país, la Conferencia Episcopal de Costa Rica emitía un nuevo comunicado en el que aclaraban "algunos puntos que han sido distorsionados en este debate público".
"La Iglesia Católica tiene un compromiso inquebrantable con la protección de la niñez y de las personas más vulnerables, y en ningún momento ha pretendido obstruir la justicia o encubrir delitos de violencia sexual. Sin embargo, también sostenemos con igual firmeza el respeto al sigilo sacramental, el cual es inviolable según las leyes de la Iglesia y la doctrina católica. Este principio, consagrado durante siglos, no se trata de proteger a quien delinque, sino de preservar el carácter sagrado de la confesión como un espacio seguro para el arrepentimiento y el acompañamiento espiritual", afirmaban los obispos costarricenses.
Y añadían: Es incorrecto y engañoso afirmar que los obispos o la Conferencia Episcopal se oponen a la justicia o a la protección de los menores. La Iglesia ha colaborado activamente con las autoridades en la implementación de políticas de prevención y denuncia en casos de abuso, y apoya cualquier medida que, respetando los principios de nuestra fe, ayude a erradicar la violencia sexual y a asistir a las víctimas. Este proyecto de ley, al pretender levantar el sigilo sacramental, no solo amenaza un derecho fundamental de la práctica religiosa, sino que también compromete la esencia misma de la libertad de culto. En lugar de promover desinformación y polarización, hacemos un llamado a dialogar de manera respetuosa y a buscar soluciones conjuntas que velen por la protección de las víctimas sin atentar contra la libertad religiosa ni la integridad del sacramento de la confesión".
