La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una pena de prisión permanente revisable impuesta a una madre y a su pareja por el asesinato, con alevosía y ensañamiento, de una niña de 2 años, a la que maltrataban habitualmente / Foto: Pablo Moreno
En su día, seguimos el caso de María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre y asesora podemita en el Congreso en 2017. Sevilla fue detenida después de que sustrajera a su hijo en 2019 y lo tuviera apartado de su padre, oculto en una finca de Cuenca y sin escolarizar. Ella asegura que lo hizo para evitar que tuviera contacto con su padre a pesar, a quien llevaba años acusando de abusos sexuales al niño (a pesar de que los tribunales nunca le dieron la razón) en el marco de una trama organizada en la que varias madres de su organización (Infancia Libre) argumentaban los mismos hechos para no cumplir el régimen de visitas con los progenitores y que, casualmente, era “validados” por los mismos profesionales: mismo abogado, psiquiatra infantil, pediatras... Fue la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla, perteneciente a la Policía Nacional de Madrid, quien destapó el asunto y practicó un goteo de detenciones a las madres de esta asociación.
En su caso, su propio hijo llegó a afirmar: "No es justo que mi madre se vaya de rositas". Mientras, Irene Montero recordaba en el Congreso: "este Gobierno está con las madres protectoras -entre las que incluye a María Sevilla- y contra su criminalización".
Ahora, es otra de los miembros de dicha asociación, Patricia González, para quien el Tribunal Supremo ha confirmado -tal como recoge El Mundo, en exclusiva- la condena por sustracción de su propia hija.
Al igual que Sevilla, esta segunda condenada también acudió al Senado en 2017, antes de que una legación de Infancia Libre fuera citada en el Congreso por el grupo parlamentario de Podemos, para participar en unas ponencias de la Comisión de Igualdad, como organización especializada en abuso sexual intrafamiliar: tanto Sevilla como González denunciaron en varias ocasiones que sus ex parejas, los padres de las niñas, habían abusado sexualmente de ellas.
En su caso, González mantuvo a su hija, de entonces 11 años, retenida en la Sierra de Madrid, entre 2017 y 2019, y desescolarizada para apartarla de su padre, al que denunció antes por abuso sexual sobre la menor, siempre descartado por tribunales y psicólogos.
Según El Mundo, las denuncias eran tan inverosímiles -en una de ellas el propio padre estaba grabando a su hija cuando, al caerse, se produjo una de las heridas que ella pretendía causadas por él- que los tribunales las descartaron rápidamente, aunque venían respaldadas por A.E.-N., un controvertido psiquiatra que había sido asesor del Observatorio contra la Violencia de Género del Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010.
La sentencia, que crea jurisprudencia, es ya ejecutiva, y a González Arribas le queda el recurso del Constitucional, y Europa. A la espera, quizás, de la posibilidad del indulto, que sí benefició a su ex compañera de reivindicación, María Sevilla.
