Hace unas semanas publicábamos en Hispanidad que un colegio de Terrasa instaba a los docentes a comunicarse con las familias por gestos, antes que en castellano. Y les advertíamos que no era broma. 

También informábamos de que la Generalitat quiere saber en qué idioman hablan los profesores catalanes en la intimidad. Así, la Generalitat preguntaba a docentes de Cataluña sobre sus usos lingüísticos en el ámbito privado. Con el sondeo -revelado por El Mundo el pasado mes de febrero- se pretendía conocer si los profesores del instituto Frederic Mompou, afincado en la localidad barcelonesa de Sant Vicenç dels Horts, empleaban el catalán en situaciones ajenas a su labor educativa, esto es, en conversaciones con su familia o amigos, al hacer la compra o al utilizar el teléfono móvil.

Y más, un colegio prohíbe a la profesora de español entrar en ningún aula si no es para dar clase. Para el colegio público Joan Juncadella (San Vicente dels Horts) debe ser así para que los alumnos del centro no puedan dirigirse a ella en español y por tanto «provocar posibles interferencias».

Ahora, explica La Razón cómo la Generalitat desafía a la Justicia española y pedirá mayor conocimiento del catalán a los futuros profesores. Para asegurarse de que el plan de fomento del catalán progresa adecuadamente la conselleria de Educación se responsabilizará de todas las medidas para impulsar el idioma de cualquier colegio. Una de las herramientas que utilizará el Gobierno de Pere Aragonés erá el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, que precisa cómo aprobar, evaluar y revisar los proyectos lingüísticos de centro (PLC) en Cataluña, para «dar seguridad» a las escuelas y que refuerza que el departamento es el responsable de estos proyectos. Un decreto que especifica que los responsables de los proyectos educativos de las escuelas «no son las direcciones de los centros, sino el departamento de Educación», así como también asegura que los proyectos lingüísticos no se puedan cambiar con el curso iniciado y la vehicularidad del catalán en las aulas de Cataluña.

El Gobierno catalán desafía así decisiones como la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que avaló el 25% de castellano en tres aulas de escuelas de Cataluña, pidiendo que al menos un asignatura troncal, adicional a la de castellano, fuera impartida en lengua castellana.