En los últimos días, se suceden las informaciones sobre las distintas medidas de la Comunidad de Madrid en respuesta a la Lomloe. La más reciente, en forma de reflexión por parte de Isabel Díaz Ayuso sobre el aprobado general. Se pregunta la presidenta: "Si el esfuerzo no vale, ¿qué estamos haciendo, fabricar borregos?". En esta línea la región evitará que sus alumnos pasen de curso sin límite de suspensos en ESO. Eso para empezar, pero además los alumnos de bachiller madrileños sí leerán 'El Quijote', 'La Celestina' y el 'Lazarillo', estudiarán que los españoles no fueron genocidas ni hicieron colonias en América: evangelizaron, y además, Madrid ampliará los contenidos aprobados por el Ministerio e incluirá en su currículum de ESO una mención expresa al terrorismo de ETA.

Y es que, Ayuso opina que en el caso de la Historia, esta materia "se estudia con cronología, no con perspectiva de género". De hecho, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha suprimido de su currículo de Bachillerato, al que ha tenido acceso Ok diario, conceptos como «memoria democrática», «roles de género» y «diversidad identitaria» por implicar «una carga ideológica muy importante». Estos conceptos se incluyen en la asignatura de Historia, pero, de acuerdo con la Consejería de Educación del Ejecutivo madrileño, comandada por Enrique Ossorio, «no contribuyen a adquirir las competencias esenciales de la materia».

Por otra parte, la presidenta madrileña se mantiene firme y apuesta por la libre elección de centro en Madrid a pesar de la Lomloe. 

A este respecto, ya les contamos en Hispanidad que este año se estrenan baremos, entre los que destaca la priorización de la proximidad al centro del domicilio de los padres como criterio principal de admisión, en contra de la Lomloe del Gobierno sociopodemita. "Se mantiene la libertad de elección de centro de las familias como uno de los pilares fundamentales de la educación madrileña", destacan desde la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio. Y se hace, recalcan, "dentro de las competencias del Gobierno regional". Dentro de las competencias del Gobierno regional, dado que el Ejecutivo Sánchez se empeñó desde el principio de la Ley Celaá en asfixiar a la concertada eliminando precisamente esa libre elección de centro de los padres. Además, la 'ley Celaá' suprime el concepto de "demanda social" con lo que estos centros no podrán ampliar sus plazas, aunque haya padres que así lo quieran, si hay hueco para un alumno en la enseñanza pública.

Pero el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso va más allá con los nuevos baremos de escolarización al contabilizar al concebido no nacido en el caso de un alumno solicitante que pertenezca a una familia numerosa.