En EEUU, la Corte Suprema (el Tribunal Supremo estadounidense) va a analizar si el Estado de Carolina del Sur puede impedir destinar fondos estatales a financiar abortos, cuenta Aciprensa. 

En 2018, la multinacional abortista Planned Parenthood denunció al gobernador Henry McMaster, quien había emitido una orden ejecutiva para impedir a los centros de aborto recibir esos fondos (denominados 'Medicaid').

En este caso hay dos vertientes: por un lado, la ley estatal de Carolina del Sur estipula que los fondos estatales no pueden financiar abortos (excepto si la vida de la madre esté en riesgo o el embarazo sea resultado de una violación o incesto). Pero, a la vez, la ley federal de todo EEUU sí lo permite. 

Por eso, la Corte Suprema ha anunciado que analizará este caso el año que viene 2025. 

El gobernador Henry McMaster publicó en la red social X: “El dinero de los contribuyentes nunca debería financiar a proveedores de servicios de aborto como Planned Parenthood”. "Estoy seguro de que la Corte Suprema de Estados Unidos estará de acuerdo conmigo en que no se debería obligar a los estados a subsidiar los abortos".

De igual opinión es el abogado principal de Alliance Defending Freedom, John Bursch: “El dinero de los contribuyentes nunca debería usarse para financiar instalaciones que obtienen ganancias del aborto”. “Los estados provida como Carolina del Sur deberían tener la libertad de determinar que Planned Parenthood y otras entidades que promueven el aborto no están calificadas para recibir fondos de los contribuyentes a través de Medicaid”, agregó Bursch. 

Hispanidad denunció durante el mandato del expresidente de los EEUU Barack Obama que su Obamacare  --su sistema de servicios sanitarios--  imponía a las entidades privadas católicas ofrecer el aborto como un servicio más de salud si querían recibir una subvención por parte del Estado. 

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Por ello, el Obamacare de Obama recibió no pocos varapalos judiciales.